sábado, 20 de noviembre de 2010
LIBRE POSTULACIÓN PRESIDENCIAL Y DEMOCRACIA EN PANAMÁ
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Propuesta sobre Libre Postulación Presidencial
Magistrado
Gerardo Solís
Presidente
Comisión Nacional de Reformas Electorales
Tribunal Electoral
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Salud. Dado que ha sido colocada para su discusión por
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En primer lugar, algunas consideraciones: 1. La libre postulación presidencial es un derecho democrático de la ciudadanía panameña establecido constitucionalmente, como usted bien expresara en un pronunciamiento anterior, y fuera ratificado por
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Por esas razones, proponemos:
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Modificar el artículo 233, para que diga: “Las postulaciones de candidatos a Presidente y Vicepresidente de
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Artículo nuevo, entre el 244 y 245, “Para ejercer la libre postulación a Presidente y Vicepresidente de la república será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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1. Presentar solicitud de postulación debidamente firmada por un número de ciudadanos equivalente, por lo menos, al 0.5% del total de votos válidos emitidos en la última elección a dicho cargo.
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2. Las firmas de los ciudadanos que acompañen esta postulación se recogerán en papel membretado y en ella constarán: nombre completo, número de cédula de identidad personal, firma legal, residencia y teléfono.
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3. El Tribunal Electoral verificará la validez de las firmas que acompañen la solicitud.
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4. Los candidatos por libre postulación a
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Sin otro particular, queda
Atentamente,
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Olmedo Beluche
Representante principal en CNRE
lunes, 6 de septiembre de 2010
Informe sobre Reformas Electorales
El presente informe aborda la situación de lo acordado hasta ahora en
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Para evitarnos confusiones y falsas expectativas, queremos iniciar diciendo taxativamente que, a nuestro juicio, NO HAY AVANCES SIGNIFICATIVOS HACIA
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En ninguno de los aspectos medulares se ha logrado una mejora que permita asegurar o facilitar la participación de nuevos actores políticos, en particular de quienes provenimos de los movimientos sociales, en las próximas elecciones de 2014. Antes por el contrario, siguen LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ACTUALES PARTIDOS CONSTITUIDOS Y EL PODER DEL DINERO SOBRE
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Todo lo que el Tribunal Electoral, los partidos actuales y sectores empresariales del Foro Ciudadano consideran “avances” en realidad son cambios cosméticos o menores, que no van en la profundidad que la ciudadanía aspira y mucho menos de quienes, desde los sectores populares, queremos presentar verdaderas alternativas de cambio en 2014.
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Empecemos por lo medular, el principal obstáculo para inscribir partidos políticos nuevos es la exagerada y antidemocrática cuota del 4% de adherentes (63,500) para reconocer un partido político nuevo. Porcentaje que ya hemos demostrado es el más alto del continente.
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Como hemos informado anteriormente, el Partido Alternativa Popular, en asocio con CONATO y FRENADESO, sustentamos en
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Respecto a los altos costos de la inscripción, como transporte, alimentación y viáticos, el Partido Alternativa Popular propuso un subsidio otorgado y controlado por el TE, lo cual fue rechazado por los partidos actuales, los cuales sí cobran su respectivo subsidio, antes y después de las elecciones.
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Del conjunto de propuestas hechas por el PAP al Título III del Código Electoral, la única notable que fue aceptada es la que permite a los partidos en formación sacar libro de inscripción estacionarios once meses al año, privilegio exclusivo de los partidos constituidos al día de hoy.
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Pero se mantiene la actual depredación de adherentes entre partidos, permitiendo que las personas se inscriban en más de un partido el mismo año y, por supuesto, apelando al actual sistema clientelista, no escrito pero practicado comúnmente de ofrecer puestos públicos y otros favores a cambio de la firma.
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Otro aspecto significativo son los gastos electorales provenientes de donaciones privadas a las campañas de candidatos y partidos, en la que se presenta como supuesto logro que se haya establecido, por consenso, un tope del 30%, respecto del financiamiento público que paga el Tribunal Electoral. En la actualidad no existen topes a los gastos, ni a las donaciones privadas.
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La estimación del Tribunal Electoral es que en 2014 el monto del financiamiento público será de 54 millones de balboas. Por ende, cada candidato presidencial podrá gastar de fuentes privadas hasta 15 millones de balboas, es decir, 15% por tantos candidatos como se presenten a las elecciones, más lo que les toque del financiamiento público.
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Si fueran tres candidatos presidenciales, como en 2009, tenemos que 15 por 3 son 45 millones, más 54 millones del financiamiento público, da un total de 99 millones de balboas, sin contar los gastos de los candidatos a los otros puestos de elección popular, para los cuales se fijaron topes menores, pero igualmente cuantiosos.
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En este asunto la única voz discordante fue la del Partido Alternativa Popular que, reconociendo que es un avance el establecimiento de un tope, éste sigue siendo tan alto como en las elecciones de 2009, lo cual implica el predominio del dinero sobre las campañas electorales, dando pie a las disparidades con candidatos que puedan provenir de sectores populares, quienes no tendrán esas cifras multimillonarias, además de ser fuente de corrupción, que sustituye la verdadera democracia por la plutocracia.
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El PAP se pronunció a favor de un sistema que esté sólo regido por el financiamiento público y, por ende, claro y fiscalizable ante la ciudadanía.
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Relacionado con esto están los montos de donaciones que puede hacer una persona natural o jurídica a la campaña de un partido o candidato. En este caso el PAP ha propuesto que el monto de estas donaciones no debería exceder de 10,000 balboas, por cuanto es la cifra a partir de la cual las entidades financieras exigen un control de la proveniencia de los fondos y por ser el límite reconocido por el propio Código Electoral para ser deducible de impuestos. Además de ser fuente de corrupción y de compromisos espúreos de los candidatos con intereses particulares.
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En este tema el Tribunal Electoral propuso un tope de donaciones a las candidaturas presidenciales de 15,000 balboas por persona (una cifra menor para diputados, alcaldes y representantes), en base al promedio de donaciones recibidas en 2009, según informaron los partidos. Sin embargo, en el debate se reconoció que el promedio es engañoso, ya que algunas personas naturales y jurídicas concentraban el grueso de los 25.5 millones donados a candidaturas presidenciales en 2009, de los 2.4 millones donados a candidatos a diputados y los 287,000 balboas donados a alcaldes. Y no está claro que se haya reportado todo lo recibido.
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Al respecto el Foro Ciudadano se mostró acorde con un criterio cercano al propuesto por el TE, pero los partidos Panameñista y CD se mostraron en contra de cualquier tope, y el resto de los partidos pidieron tiempo para discutir aduciendo no tener criterio. Por lo cual no se aprobó.
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Otro aspecto clave para garantizar o no la equidad en las campañas electorales es el relativo a los medios de comunicación. A este respecto el Partido Alternativa Popular ha sostenido que los costos de la publicidad electoral están asociados al alto costo de las campañas electorales y son una fuente de disparidad, ya que el no tiene para pagarla no puede mostrar su candidatura y sus propuestas y el que tiene dinero vende su oferta electoral como cualquier producto comercial. Por ello, hemos propuesto que se use un sistema como el ejecutado recientemente en México, en el que el TE contrate con los medios directamente los espacios de publicidad político electoral y luego los reparta equitativamente entre todos los candidatos y partidos.
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Al respecto los medios televisivos han presentado una propuesta de seis puntos, buena para los magistrados, en el que se comprometen a no aumentar las tarifas respecto al año anterior, hacer rebajas del 30% en las mismas, no permitir el traspaso de espacios publicitarios entre empresas y candidatos, etc. Pero se expresaron a favor de un sistema de “libre contratación” y no de un acuerdo exclusivo con el TE por el conjunto del espacio publicitario. Para peor, los medios escritos y radiales han expresado su completa oposición a cualquier control en nombre de la “libre empresa”. Los partidos y el FORO vieron con buenos ojos la propuesta de las televisoras, pero el tema no se ha votado.
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Resumiendo, ni habrá una rebaja sustancial en la cantidad de adherentes, ni tampoco en la forma que se recogen, ni habrá controles que garanticen una equidad respecto a la plutocracia imperante. Los únicos cambios aprobados son menores y no cambian la sustancia del actual Código Electoral antidemocrático.
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Quedan aún por discutirse aspectos importantes como la libre postulación presidencial pero se espera que el monto de adherentes que se exigirá será el mismo que para inscribir un partido político. También están pendientes: circuitos pluri y uni nominales, forma de conteo del voto para asignación de curarles, diputados nacionales o circuitales, etc.
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Finalmente exhortamos al conjunto del movimiento popular y obrero panameño, en particular a quienes han expresado su interés de que en 2014 existan alternativas concretas a las propuestas oligárquicas a tomar el tema de la reforma electoral como uno de los temas importantes del debate político nacional. Apreciamos en las sesiones de
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Prof. Olmedo Beluche
Secretario General del PAP
Representante principal en
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Panamá, 6 de septiembre de 2010.
sábado, 7 de agosto de 2010
Situación Nacional al 7 de agosto de 2010
Realizamos este Directorio Político Nacional del Partido Alternativa Popular bajo el signo de la insurrección obrera, popular e indígena de Bocas del Toro contra la Ley 30 o Ley Chorizo. Lo cualitativo de la nueva situación es que, luego de varios años, la clase obrera ha entrado en escena y se convierte en un actor político importante, junto a otros sectores como los pueblos originarios, los ecologistas, defensores de los derechos humanos y campesinos.
La gravedad de los acontecimientos en Changuinola, y la subsecuente Huelga General a nivel nacional, han producido un vuelco en gran medida inesperado de la situación política precipitándose una crisis, aún en su fase inicial, del gobierno de Ricardo Martinelli.
En momentos en que el gobierno empresarial y ultra derechista de Ricardo Martinelli conmemoraba su primer aniversario, con un alto índice de aceptación según las encuestas, y parecía lo suficientemente sólido para imponer un nuevo conjunto de medidas neoliberales y antiobreras, se ha producido el estallido de descontento del pueblo bocatoreño, dando un vuelco completo a la situación.
Tan fuerte se sentía el gobierno que en un espacio de dos meses impuso un conjunto de leyes que, en su conjunto, implicaban un fuerte golpe a los derechos económicos, sociales y sindicales de la clase trabajadora: Ley Carcelazo, que penaliza la protesta social; aumento del ITBM al 7%; Ley Chorizo, que de un golpe destruía al sindicalismo (eliminación de descuento directo de cuotas, imposibilidad de convocar huelgas, nuevo organismo de representación sindical manipulado por MITRADEL), elimina los estudios de impacto ambiental en ciertos proyectos y legitima la violación de los derechos humanos por miembro de la policía.
La cadena se rompió por el eslabón más débil
Si bien nadie podía predecir la profundidad de la revuelta popular en Changuinola, el análisis indica por qué los trabajadores bananeros han aparecido como la vanguardia en la lucha contra las medidas draconianas de Martinelli.
Por un lado, los trabajadores bananeros pertenecen en su mayoría al pueblo gnobe-buglé, siendo los indígenas la parte más empobrecida del país, y ellos los más pobres entre los pobres. Por otro lado, los trabajadores bananeros tienen una larga tradición de lucha con los métodos clásicos de la clase obrera, es decir, asambleas de empresa, control de la empresa y zonas aledañas durante la huelga, piquetes para custodiar las instalaciones, etc. Y, aunque la huelga más legendaria que se recuerda antes que ésta data de 1960, durante las décadas siguientes hubo movimientos de menor magnitud pero que mantuvieron esa tradición.
Además, la zona de Changuinola es, al igual que antes Barú, completamente dependiente de la multinacional Chiquita Brands, actuando casi como un estado dentro de otro, con el único poder alterno del sindicato (SITRAIBANA), pues las autoridades públicas siempre han sido títeres de la “Compañía”.
A todo lo cual, se suma el descontento larvado por el conjunto de la sociedad panameña con un régimen político de veinte años de “democracia” neoliberal que ha empobrecido sistemáticamente al pueblo. Martinelli, que obtuvo una alta votación en Bocas del Toro, había sembrado la ilusión en un “cambio” en la forma de actuar de los gobiernos. Ilusión que ha empezado a despejarse conforme avanzan los meses y el pueblo panameño descubre que es “más de los mismo”.
En estas circunstancias, Chiquita Brands intentó aprovechar a fondo las ventajas que le ofrecía la Ley 30 para tratar de debilitar al sindicato, negándose a descontar y pagar la cuota sindical, con lo cual detonó el primer llamado a huelga por 48 horas, que se hizo indefinido cuando la asamblea de trabajadores comprobó que la empresa arreciaba con el no pago de salarios a los huelguistas azuzada por la ministra de Trabajo, Alma Cortés, las declaraciones intransigentes del propio Martinelli, y la actitud represiva teñidas de racismo desembozado por parte del ministro Mulino y el jefe de la policía Gustavo Pérez.
El traslado de más de mil unidades de policiales para reprimir el movimiento huelguístico, entre el 7 y el 8 de julio, fue el detonante de la insurrección popular, con su secuela de muertos (al menos 8), heridos de gravedad (al menos 50), cientos de heridos leves, centenares de detenidos, etc. De todos los mártires obreros de esta lucha, destacamos la figura del compañero Antonio Smith, dirigente sindical de las bananeras independientes afiliado a la central Convergencia Sindical.
Pese a la represión, el gobierno y la bananera, NO pudieron derrotar al movimiento, teniendo que tranzar un acuerdo en que se suspendían los aspectos que afectaban al sindicalismo de la Ley Chorizo.
Bocas del Toro impuso la Huelga General pese al divisionismo
El estallido popular de Changuinola fue tan poderoso, sumado a las torpezas represivas del gobierno oligárquico de Martinelli, que impactó la conciencia nacional de tal manera que obligó a las dirigencias sindicales a convocar la Huelga General nacional, aunque era notoria su falta de decisión para llegar a acuerdos que permitieran concretarla.
Por un lado, la dirigencia sindical tradicional de CONATO, pese a denunciar mediante resoluciones la Ley Chorizo , en el primer momento hizo muy poco para enfrentarla. Por ejemplo, nunca convocó al organismo natural de lucha que es el Consejo Nacional de Delegados de CONATO. Fue al calor del movimiento huelguístico bananero que la dirigencia de CONATO aceptó la propuesta de la nueva corriente del sindicalismo independiente, ULIP, para convocar en conjunto la huelga y que CTRP, a la que está afiliado SITRAIBANA, convocó recién el 9 de julio su Consejo de Delegados.
Por otro lado FRENADESO-CONUSI-SUNTRACS, pese a su indiscutible papel de vanguardia de la lucha sindical, se negó reiteradamente a los intentos de alcanzar acuerdos para que la movilización y la huelga fueran convocadas y coordinadas de manera unitaria. El sectarismo tal vez sirva para capitalizar “prestigio”, pero debilita al conjunto del movimiento obrero, sobre todo en una lucha en que la vanguardia la han ocupado sectores sindicales no vinculados a ellos, como los bananeros.
Lo más novedoso y positivo es que el movimiento sirvió de bautismo a la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), nuevo agrupamiento del movimiento sindical independiente, que supo defender los intereses generales de la clase trabajadora, teniendo que maniobrar entre el burocratismo de CONATO y el sectarismo de FRENADESO, convirtiéndose por momentos en el fiel de la balanza.
ULIP tuvo el acierto de convocar un exitoso encuentro nacional, cuando fue llevada a la Asamblea Nacional la Ley Chorizo , y tuvo un papel destacado en la Huelga General , del martes 13 de julio, donde el Sindicato de la Coca Cola paralizó completamente la empresa y la Federación Auténtica de Trabajadores, logró movilizar segmentos importantes, en especial en La Estrella Azul y Cemento Panamá.
Como ya hemos señalado en el balance de la huelga que el P.A.P. realizó, la huelga general, aunque parcial, fue un ÉXITO, logrando afectar severamente sectores industriales que hace años no paraban. Pero al margen de los efectos económicos, los efectos políticos de la huelga son los más notables: teniendo el gobierno que desactivar momentáneamente sus medidas represivas contra la dirigencia sindical y popular, y congelando por ahora la Ley Chorizo.
El gobierno de Martinelli, más débil, pero no está derrotado
La lucha de los trabajadores bananeros y la huelga general han abierto un nuevo momento político, distinto al anterior. Las ilusiones de muchos en el gobierno de Martinelli empezaron a desvanecerse, a la vez que el movimiento social, aletargado desde las luchas de 2003-2005 en defensa de la seguridad social, vuelve a despertar.
Estamos en un momento de mayor intensidad de la lucha de clases, que parece coincidir con una corriente semejante en Latinoamérica, y en especial Centroamérica, cuya vanguardia han sido los hondureños desde el golpe de estado del año pasado. Esta reanimación de la lucha de clases, facilitada por el carácter claramente empresarial y oligárquico del gobierno de Martinelli, está ayudando a la maduración política de los trabajadores y a que tomen conciencia de la necesidad de construir su propio instrumento político.
Sin duda Martinelli y su gobierno han perdido el asalto, usando el argot boxístico, pero no están derrotados. El repudio de la opinión pública a sus medidas es generalizado y se ha apreciado en una caída brusca en las encuestas. Lo peor para ellos es el surgimiento de fuertes contradicciones internas en la alianza de gobierno, en especial con el Partido Panameñista, que se pronostica puedan conducir a una ruptura abierta.
La empresa encuestadora Dichter y Neira, a principio de julio señaló una caída del índice de aceptación del Presidente del 14%, aunque aún se mantenía sobre el 50% (viene cayendo desde el 80%). Pero lo más significativo mostraba que el 60% NO lo volvería a elegir (esta pregunta fue sacada de la página web al segundo día), que la mayoría opina que no cumple sus promesas de campaña y el repudio que gozan la mayoría de sus ministros, en particular los responsable directos de las medidas Alma Cortes y José R. Mulino.
Las pequeñas fisuras que ya se apreciaban en la alianza oficialista, ostensibles desde el rechazo del proyecto de Ley de “Consulta ciudadana”, encabezado por el diputado panameñista José Blandón, se han convertido en grietas bastante marcadas. Las diferencias se expresaron desde el intento del vicepresidente Varela por pactar con los huelguistas de Bocas y la línea “dura” expresada por los allegados a Martinelli. También en la disputa con el alcalde de Panamá, Bosco Vallarino, y las denuncias de corrupción contra el ministro Ferrufino del MIDES.
La concentración de poder en manos de Martinelli, y su estilo totalitario, que busca aniquilar a otras fracciones burguesas en órganos del estado, no sólo al PRD, sino a sectores de la llamada “sociedad civil”, ya habían generado preocupación de parte de la embajada norteamericana y el viaje intempestivo del secretario de Estado para América Latina, Valenzuela, hace unas semanas. Voceros diplomáticos norteamericanos, en reuniones privadas, han expresado la preocupación de que Martinelli queme todas las opciones de recambio y las válvulas de escape del régimen, debilitando al modelo tal como ha sucedido en otros países de la región.
Aunque debilitado, Martinelli no está derrotado e intenta ganar tiempo para superar la crisis. La maniobra fundamental la ejecuta a través de la llamada “Mesa de Diálogo” bastante parcializada y no representativa, y suspendiendo (no derogando) los artículos antisindicales de la Ley 30 pero sosteniendo lo demás. Por otro lado, continúa su Plan Económico quinquenal con las multimillonarias inversiones públicas que harán más ricos a sus allegados.
Su lado flaco, son los ministros Mulino y Alma Cortés, responsables directos de la Ley 30 y la represión, así como su jefe de Policía. Junto al movimiento sindical y los organismos de derechos humanos, debemos insistir en su destitución y procesamiento por los desmanes cometidos.
La gran falencia sigue siendo la ausencia de un referente político obrero y popular
La fortaleza es que literalmente no existe una oposición política prestigiada. El PRD, aunque intenta superar su crisis, está muy lejos de poder capitalizar el creciente descontento con Martinelli. El PRD no supera su crisis, y carece de una figura que catalice como referente alternativo. Sin embargo, la actual dirección encabezada por Mitchell y Cárdenas ha logrado evitar la fuga de muchos activistas fomentando la ilusión de que “ahora sí” habrá una renovación “progresista” de su dirección.
Gracias a la entrada en escena del movimiento obrero y popular, aparecen mejor ubicados como una oposición política FRENADESO, en particular Saúl Méndez, así como el Prof. Juan Jované, a la cabeza de un frente social amplio, compuesto por ULIP, el Partido Alternativa Popular, el Partido del Pueblo, y hasta sectores de CONATO. Sin embargo, aún no ha cuajado ningún acuerdo concreto al respecto, y con FRENADESO hay pocas esperanzas de que cambie su curso sectario.
El problema para el Partido Alternativa Popular consiste en lograr que esa nueva dirigencia político social adopte como suya la construcción de este proyecto político bajo la forma de un partido electoral tipo frente. Existe un evidente desfase al respecto, pese a los indiscutibles avances del PAP en cuanto a reconocimiento ciudadano y el papel de muchos de sus dirigentes a la vanguardia del movimiento sindical y popular.
PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR
DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL
Panamá, 7 de agosto de 2010.
lunes, 8 de marzo de 2010
Propuestas de Reformas al Título III del Código Electoral sobre Partidos Políticos
En atención al acuerdo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales del pasado 4 de marzo del presente, presentamos las propuestas de modificación a los artículos que componen el Título III del Código Electoral, para que sean consideradas por tanto por los miembros de la CNRE, como por el Foro Ciudadano y por la ciudadanía en general:
1. Artículos 40 y 41 (sobre definición partido político):
Sostenemos que deben permanecer tres principios: A. que son entidades públicas, B. que existen si perjuicio del derecho a la libre postulación (como establece la Constitución Política); C. que uno de sus objetivos (además de la defensa de las instituciones democráticas) es la “defensa de la soberanía nacional” (tal y como está ahora).
2. Artículo 43: (Requisitos para inscribir un partido político)
Parágrafo 1: Proponemos que se baje de 1,000 a 100 el número de firmas de ciudadanos para solicitar la inscripción de u nuevo partido político.
Parágrafo 4: proponemos que se baje el requisito del 4% de firmas de adherentes (votos válidos última votación) a la cifra de 3,000 adherentes (siguiendo el modelo de Costa Rica) o en su defecto una cifra que no exceda del 1%.
Justificación: la cantidad de adherentes que se exige en Panamá es la más alta del continente, es antidemocrática y la misma impide que surjan nuevos partidos y ofertas electorales. En Colombia el porcentaje que se pide es inferior al 0.4%; en México es inferior al 0.2%; en Costa Rica, que es la democracia más antigua de Centroamérica y con una población semejante a Panamá sólo se piden 3,000 adherentes.
3. Artículo 49: (requisitos sobre memorial de certificación residencia para solicitar nuevo partido):
Parágrafo 5: proponemos que se eliminen o expida las CERTIFICACIONES DE RESIDENCIA el Tribunal Electoral, ya que en este momento la expiden Alcaldes y Corregidores que, si son de partidos contrarios, las bloquean y retardan, lo cual le sucedió al P.A.P.
4. Artículo 56: (Cuando aparecen dos partidos con el mismo nombre):
En el segundo párrafo, cuando se señala el criterio de los magistrados para decidir cuál reconoce, debe agregarse que tiene prioridad el que entregó su documentación primero en el tiempo.
5. Artículo 58: (sobre inscripciones de adherentes):
Parágrafo 1: Debe haber igualdad de condiciones entre partidos en formación y partidos constituidos, ya que la redacción actual otorga a los partidos en formación libros estacionarios (en la calle) sólo 4 meses al año; mientras que el artículo 74 autoriza a los partidos constituidos a mover sus libros durante todo el año.
Parágrafo 2: es un derivado del anterior y obliga a que durante 7 meses del años el partido en formación no puede sacar libros a la calle y sólo puede inscribir en las oficinas del TE.
Además proponemos que existan LIBROS MÓVILES, tal y como el TE autorizó en las elecciones de 2009 a los precandidatos por libre postulación (precedente reciente) y como se hacía durante la década de los 80 (precedente anterior).
Otra variante, utilizada en algunos países, es que los partidos recojan las firmas de los adherentes en listas confeccionadas por el propio partido en formación o por el Tribunal Electoral (semejante al memorial que ahora mismo se utiliza en las primeras mil firmas de solicitud para iniciar un partido), y luego las firmas y los datos se cotejen contra la base de datos del T.E. para determinar su veracidad (tal y como se hace con los iniciadores de partidos nuevos).
6. Artículo 70: (sobre inscripción partidos)
Al igual que en artículo 58 sólo habla de libros estacionarios, proponemos que agregue la opción de LIBROS MÓVILES, LO CUAL YA AUTORIZARON LOS MAGISTRADOS EN 2009 A LOS DE LIBRE POSTULACIÓN, o el sistema de listas que hemos descrito arriba..
7. Artículo 78: (sobre cuántas veces puede firmar un ciudadano en partidos distintos):
La redacción indica que un ciudadano/a no puede firmar en más de un partido en formación a lo largo de un año, pero esta redacción excluye a los partidos constituidos. La norma debe ser igual para todos. El parágrafo 2 del Artículo 83 así lo establece, pero en el artículo 78 la redacción es confusa.
8. Artículo 97: (sobre los derechos de los partidos políticos):
Parágrafo 13: establece el derecho de los partidos constituidos a recibir financiamiento público del TE, proponemos que este derecho se haga extensivo a los PARTIDOS EN FORMACION (a ser reglamentado posteriormente). Si se acepta debe modificarse el artículo 68, parágrafo 1, para que se incluya.
9. Artículos 114 y 116 (sobre extinción partidos):
Si se modifica el requisito de cantidad de adherentes (4% ahora) para formar un partido se requiere modificar los artículos 114 y 116 en el mismo sentido.
10. Artículo 120 (sobre el Consejo Nacional de Partidos Políticos):
Proponemos que se modifique para incluir al Foro Ciudadano Pro reformas Electorales, en representación de la sociedad civil, con cuatro representantes, tal y como está ahora conformada la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).
Aprobado por el Comité Ejecutivo del Partido Alternativa Popular
Prof. Olmedo Beluche
Representante legal
Panamá, 8 de marzo de 2010
martes, 2 de febrero de 2010
Informe sobre participación del P.A.P. en la Comisión de Reformas Electorales
2. El Partido Alternativa Popular, como partido en formación, ha sido invitado a participar de la CNRE con derecho a voz. En un comunicado que repartimos el día de su instalación señalamos que acudimos a la CNRE optimistas y expectantes de que sus miembros estén dispuestos a asumir la profundidad de reformas que el país reclama y que pusieron en evidencia las irregularidades acontecidas durante las elecciones de 2009. El P.A.P. espera de la CNRE una reforma que en verdad democratice el sistema electoral panameño rompiendo el monopolio de partidos y los políticos tradicionales, permitiendo que otros sectores sociales y políticos podamos hacer efectivo el derecho constitucional de participar.
3. Desde antes que se reuniera la CNRE el Comité Ejecutivo de P.A.P. resolvió trabajar en común con los componentes del Foro Ciudadano en busca de acuerdos entorno a las reformas, las cuales van desde bajar la cuota de adherentes y la forma de recolectar las firmas, el financiamiento de los partidos, el acceso a los medios de comunicación, etc.
4. En este primer comunicado podemos informar que la participación del P.A.P. en las sesiones de la CNRE ha sido exitosa. El P.A.P. se ha convertido en la voz de los sectores populares dentro de la CNRE, participando con propuestas sustentadas siempre con razonamientos lógicos y bases jurídicas y democráticas.
5. En asocio con el Foro Ciudadano, el PAP desde la primera sesión se opuso, y logró que se modificara, el artículo 5 del Reglamento de la CNRE que daba más tiempo de palabra a las organizaciones con derecho a voto, logrando igualdad de condiciones para las organizaciones con derecho a voz. A iniciativa nuestra se modificó una frase del art. 6 del Código que hacía del voto una obligación, para nosotros la abstención es un recurso legítimo de la ciudadanía para castigar al sistema político. En el mismo sentido, propusimos eliminar el artículo 20 que autoriza a sacar del padrón a los ciudadanos que no hayan votado en tres elecciones consecutivas. Aunque los cuatro votos del Foro se expresaron en consonancia con esta idea, en este caso el bloque de los partidos legales mantuvo el cuestionado artículo que tiene trazos de inconstitucionalidad. Esperamos que en las próximas sesiones se aborde el tema de los requisitos para inscribir partidos políticos nuevos, donde sostendremos nuestra conocida postura por reducir el número de adherentes al mínimo de 3,000, al igual que en Costa Rica.
Equipo del P.A.P. en la CNRE
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Carta de Protesta ante la Cancillería de la República de Panamá, contra el apoyo del Canciller Juan Carlos Varela a los golpistas de Honduras
Panamá, 25 de noviembre de 2009
A Su Excelencia
JUAN CARLOS VARELA
Vicepresidente y Canciller
de la República
E. S. D.
Señor Canciller:
Con el respeto acostumbrado, quienes suscribimos la presente misiva, debemos expresarle la disconformidad y sentimientos de protesta por la postura que ha venido asumiendo la Cancillería panameña, que usted preside, frente a la situación del golpe de Estado, que despojó al Presidente Manuel Zelaya de la posición que legítimamente le otorgó el electorado hondureño con sus votos.
Debemos reconocer que la Organización de Estados Americanos, en debido cumplimiento de la Carta Democrática , adoptó decisiones firmes y precisas, acerca de la ilegitimidad del gobierno que preside el señor Roberto Micheletti y acordó el retiro de los embajadores de los respectivos países de nuestra América, como expresión de protesta y condena del gobierno de facto.
Igualmente, debemos lamentar que el gobierno panameño, representado por la Cancillería, ha adoptado posiciones que se alejan de la postura asumida por la OEA, y que van encaminadas a propiciar el proceso electoral organizado por el gobierno golpista y a reconocer los resultados de esas elecciones espurias.
Difícilmente, señor Canciller, se puede reconocer el resultado de sus elecciones organizadas dentro de un clima de persecución contra los vastos sectores de la sociedad hondureña, que respaldan la reinstauración del Presidente legítimo Manuel Zelaya, frente al gobierno de la hermana República de Honduras. Difícil es, desde una perspectiva ética, defender la legitimidad de quien resulte ganador de los comicios organizados en condiciones antidemocrática, totalmente inaceptable.
Por estas razones, señor Canciller, quienes suscribimos la presente misiva, condenamos la postura del gobierno que usted representa, que se aleja totalmente de las tradiciones democráticas que estamos llamados a defender.
Atentamente,
Miguel A. Candanedo, 4-79-845 , M.P.U.N.A.
Juan Jované , 3
Olmedo Beluche, 8-207-1032,
Rubén Sousa, 8-138-87, Partido del Pueblo
Rafael Benavides, 9-193-389, Mov. Revolucionario 9 de Enero
Raúl González, 9-85-755, Partido Alternativa Popular
Aurelio Robles, 8-211-571, Movimiento Popular Unificado