sábado, 7 de agosto de 2010

Situación Nacional al 7 de agosto de 2010

Realizamos este Directorio Político Nacional del Partido Alternativa Popular bajo el signo de la insurrección obrera, popular e indígena de Bocas del Toro contra la Ley 30 o Ley Chorizo. Lo cualitativo de la nueva situación es que, luego de varios años, la clase obrera ha entrado en escena y se convierte en un actor político importante, junto a otros sectores como los pueblos originarios, los ecologistas, defensores de los derechos humanos y campesinos.

La gravedad de los acontecimientos en Changuinola, y la subsecuente Huelga General a nivel nacional, han producido un vuelco en gran medida inesperado de la situación política precipitándose una crisis, aún en su fase inicial, del gobierno de Ricardo Martinelli.

En momentos en que el gobierno empresarial y ultra derechista de Ricardo Martinelli conmemoraba su primer aniversario, con un alto índice de aceptación según las encuestas, y parecía lo suficientemente sólido para imponer un nuevo conjunto de medidas neoliberales y antiobreras, se ha producido el estallido de descontento del pueblo bocatoreño, dando un vuelco completo a la situación.

Tan fuerte se sentía el gobierno que en un espacio de dos meses impuso un conjunto de leyes que, en su conjunto, implicaban un fuerte golpe a los derechos económicos, sociales y sindicales de la clase trabajadora: Ley Carcelazo, que penaliza la protesta social; aumento del ITBM al 7%; Ley Chorizo, que de un golpe destruía al sindicalismo (eliminación de descuento directo de cuotas, imposibilidad de convocar huelgas, nuevo organismo de representación sindical manipulado por MITRADEL), elimina los estudios de impacto ambiental en ciertos proyectos y legitima la violación de los derechos humanos por miembro de la policía.

La cadena se rompió por el eslabón más débil

Si bien nadie podía predecir la profundidad de la revuelta popular en Changuinola, el análisis indica por qué los trabajadores bananeros han aparecido como la vanguardia en la lucha contra las medidas draconianas de Martinelli.

Por un lado, los trabajadores bananeros pertenecen en su mayoría al pueblo gnobe-buglé, siendo los indígenas la parte más empobrecida del país, y ellos los más pobres entre los pobres. Por otro lado, los trabajadores bananeros tienen una larga tradición de lucha con los métodos clásicos de la clase obrera, es decir, asambleas de empresa, control de la empresa y zonas aledañas durante la huelga, piquetes para custodiar las instalaciones, etc. Y, aunque la huelga más legendaria que se recuerda antes que ésta data de 1960, durante las décadas siguientes hubo movimientos de menor magnitud pero que mantuvieron esa tradición.

Además, la zona de Changuinola es, al igual que antes Barú, completamente dependiente de la multinacional Chiquita Brands, actuando casi como un estado dentro de otro, con el único poder alterno del sindicato (SITRAIBANA), pues las autoridades públicas siempre han sido títeres de la “Compañía”.

A todo lo cual, se suma el descontento larvado por el conjunto de la sociedad panameña con un régimen político de veinte años de “democracia” neoliberal que ha empobrecido sistemáticamente al pueblo. Martinelli, que obtuvo una alta votación en Bocas del Toro, había sembrado la ilusión en un “cambio” en la forma de actuar de los gobiernos. Ilusión que ha empezado a despejarse conforme avanzan los meses y el pueblo panameño descubre que es “más de los mismo”.

En estas circunstancias, Chiquita Brands intentó aprovechar a fondo las ventajas que le ofrecía la Ley 30 para tratar de debilitar al sindicato, negándose a descontar y pagar la cuota sindical, con lo cual detonó el primer llamado a huelga por 48 horas, que se hizo indefinido cuando la asamblea de trabajadores comprobó que la empresa arreciaba con el no pago de salarios a los huelguistas azuzada por la ministra de Trabajo, Alma Cortés, las declaraciones intransigentes del propio Martinelli, y la actitud represiva teñidas de racismo desembozado por parte del ministro Mulino y el jefe de la policía Gustavo Pérez.

El traslado de más de mil unidades de policiales para reprimir el movimiento huelguístico, entre el 7 y el 8 de julio, fue el detonante de la insurrección popular, con su secuela de muertos (al menos 8), heridos de gravedad (al menos 50), cientos de heridos leves, centenares de detenidos, etc. De todos los mártires obreros de esta lucha, destacamos la figura del compañero Antonio Smith, dirigente sindical de las bananeras independientes afiliado a la central Convergencia Sindical.

Pese a la represión, el gobierno y la bananera, NO pudieron derrotar al movimiento, teniendo que tranzar un acuerdo en que se suspendían los aspectos que afectaban al sindicalismo de la Ley Chorizo.

Bocas del Toro impuso la Huelga General pese al divisionismo

El estallido popular de Changuinola fue tan poderoso, sumado a las torpezas represivas del gobierno oligárquico de Martinelli, que impactó la conciencia nacional de tal manera que obligó a las dirigencias sindicales a convocar la Huelga General nacional, aunque era notoria su falta de decisión para llegar a acuerdos que permitieran concretarla.

Por un lado, la dirigencia sindical tradicional de CONATO, pese a denunciar mediante resoluciones la Ley Chorizo , en el primer momento hizo muy poco para enfrentarla. Por ejemplo, nunca convocó al organismo natural de lucha que es el Consejo Nacional de Delegados de CONATO. Fue al calor del movimiento huelguístico bananero que la dirigencia de CONATO aceptó la propuesta de la nueva corriente del sindicalismo independiente, ULIP, para convocar en conjunto la huelga y que CTRP, a la que está afiliado SITRAIBANA, convocó recién el 9 de julio su Consejo de Delegados.

Por otro lado FRENADESO-CONUSI-SUNTRACS, pese a su indiscutible papel de vanguardia de la lucha sindical, se negó reiteradamente a los intentos de alcanzar acuerdos para que la movilización y la huelga fueran convocadas y coordinadas de manera unitaria. El sectarismo tal vez sirva para capitalizar “prestigio”, pero debilita al conjunto del movimiento obrero, sobre todo en una lucha en que la vanguardia la han ocupado sectores sindicales no vinculados a ellos, como los bananeros.


Lo más novedoso y positivo es que el movimiento sirvió de bautismo a la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), nuevo agrupamiento del movimiento sindical independiente, que supo defender los intereses generales de la clase trabajadora, teniendo que maniobrar entre el burocratismo de CONATO y el sectarismo de FRENADESO, convirtiéndose por momentos en el fiel de la balanza.

ULIP tuvo el acierto de convocar un exitoso encuentro nacional, cuando fue llevada a la Asamblea Nacional la Ley Chorizo , y tuvo un papel destacado en la Huelga General , del martes 13 de julio, donde el Sindicato de la Coca Cola paralizó completamente la empresa y la Federación Auténtica de Trabajadores, logró movilizar segmentos importantes, en especial en La Estrella Azul y Cemento Panamá.

Como ya hemos señalado en el balance de la huelga que el P.A.P. realizó, la huelga general, aunque parcial, fue un ÉXITO, logrando afectar severamente sectores industriales que hace años no paraban. Pero al margen de los efectos económicos, los efectos políticos de la huelga son los más notables: teniendo el gobierno que desactivar momentáneamente sus medidas represivas contra la dirigencia sindical y popular, y congelando por ahora la Ley Chorizo.

El gobierno de Martinelli, más débil, pero no está derrotado

La lucha de los trabajadores bananeros y la huelga general han abierto un nuevo momento político, distinto al anterior. Las ilusiones de muchos en el gobierno de Martinelli empezaron a desvanecerse, a la vez que el movimiento social, aletargado desde las luchas de 2003-2005 en defensa de la seguridad social, vuelve a despertar.

Estamos en un momento de mayor intensidad de la lucha de clases, que parece coincidir con una corriente semejante en Latinoamérica, y en especial Centroamérica, cuya vanguardia han sido los hondureños desde el golpe de estado del año pasado. Esta reanimación de la lucha de clases, facilitada por el carácter claramente empresarial y oligárquico del gobierno de Martinelli, está ayudando a la maduración política de los trabajadores y a que tomen conciencia de la necesidad de construir su propio instrumento político.

Sin duda Martinelli y su gobierno han perdido el asalto, usando el argot boxístico, pero no están derrotados. El repudio de la opinión pública a sus medidas es generalizado y se ha apreciado en una caída brusca en las encuestas. Lo peor para ellos es el surgimiento de fuertes contradicciones internas en la alianza de gobierno, en especial con el Partido Panameñista, que se pronostica puedan conducir a una ruptura abierta.

La empresa encuestadora Dichter y Neira, a principio de julio señaló una caída del índice de aceptación del Presidente del 14%, aunque aún se mantenía sobre el 50% (viene cayendo desde el 80%). Pero lo más significativo mostraba que el 60% NO lo volvería a elegir (esta pregunta fue sacada de la página web al segundo día), que la mayoría opina que no cumple sus promesas de campaña y el repudio que gozan la mayoría de sus ministros, en particular los responsable directos de las medidas Alma Cortes y José R. Mulino.

Las pequeñas fisuras que ya se apreciaban en la alianza oficialista, ostensibles desde el rechazo del proyecto de Ley de “Consulta ciudadana”, encabezado por el diputado panameñista José Blandón, se han convertido en grietas bastante marcadas. Las diferencias se expresaron desde el intento del vicepresidente Varela por pactar con los huelguistas de Bocas y la línea “dura” expresada por los allegados a Martinelli. También en la disputa con el alcalde de Panamá, Bosco Vallarino, y las denuncias de corrupción contra el ministro Ferrufino del MIDES.

La concentración de poder en manos de Martinelli, y su estilo totalitario, que busca aniquilar a otras fracciones burguesas en órganos del estado, no sólo al PRD, sino a sectores de la llamada “sociedad civil”, ya habían generado preocupación de parte de la embajada norteamericana y el viaje intempestivo del secretario de Estado para América Latina, Valenzuela, hace unas semanas. Voceros diplomáticos norteamericanos, en reuniones privadas, han expresado la preocupación de que Martinelli queme todas las opciones de recambio y las válvulas de escape del régimen, debilitando al modelo tal como ha sucedido en otros países de la región.

Aunque debilitado, Martinelli no está derrotado e intenta ganar tiempo para superar la crisis. La maniobra fundamental la ejecuta a través de la llamada “Mesa de Diálogo” bastante parcializada y no representativa, y suspendiendo (no derogando) los artículos antisindicales de la Ley 30 pero sosteniendo lo demás. Por otro lado, continúa su Plan Económico quinquenal con las multimillonarias inversiones públicas que harán más ricos a sus allegados.

Su lado flaco, son los ministros Mulino y Alma Cortés, responsables directos de la Ley 30 y la represión, así como su jefe de Policía. Junto al movimiento sindical y los organismos de derechos humanos, debemos insistir en su destitución y procesamiento por los desmanes cometidos.

La gran falencia sigue siendo la ausencia de un referente político obrero y popular

La fortaleza es que literalmente no existe una oposición política prestigiada. El PRD, aunque intenta superar su crisis, está muy lejos de poder capitalizar el creciente descontento con Martinelli. El PRD no supera su crisis, y carece de una figura que catalice como referente alternativo. Sin embargo, la actual dirección encabezada por Mitchell y Cárdenas ha logrado evitar la fuga de muchos activistas fomentando la ilusión de que “ahora sí” habrá una renovación “progresista” de su dirección.

Gracias a la entrada en escena del movimiento obrero y popular, aparecen mejor ubicados como una oposición política FRENADESO, en particular Saúl Méndez, así como el Prof. Juan Jované, a la cabeza de un frente social amplio, compuesto por ULIP, el Partido Alternativa Popular, el Partido del Pueblo, y hasta sectores de CONATO. Sin embargo, aún no ha cuajado ningún acuerdo concreto al respecto, y con FRENADESO hay pocas esperanzas de que cambie su curso sectario.

El problema para el Partido Alternativa Popular consiste en lograr que esa nueva dirigencia político social adopte como suya la construcción de este proyecto político bajo la forma de un partido electoral tipo frente. Existe un evidente desfase al respecto, pese a los indiscutibles avances del PAP en cuanto a reconocimiento ciudadano y el papel de muchos de sus dirigentes a la vanguardia del movimiento sindical y popular.


PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR


DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL

Panamá, 7 de agosto de 2010.


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