El presente informe aborda la situación de lo acordado hasta ahora en la Comisión de Reformas Electorales (CNRE) convocada por los magistrados del Tribunal Electoral y compuesta por los 6 partidos constituidos, los 4 votos del Foro Ciudadano, y un grupo de organizaciones con derecho a voz, como es el caso de nuestro partido en formación, Alternativa Popular, FRENADESO, mujeres de partidos políticos, etc.
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Para evitarnos confusiones y falsas expectativas, queremos iniciar diciendo taxativamente que, a nuestro juicio, NO HAY AVANCES SIGNIFICATIVOS HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL.
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En ninguno de los aspectos medulares se ha logrado una mejora que permita asegurar o facilitar la participación de nuevos actores políticos, en particular de quienes provenimos de los movimientos sociales, en las próximas elecciones de 2014. Antes por el contrario, siguen LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ACTUALES PARTIDOS CONSTITUIDOS Y EL PODER DEL DINERO SOBRE LA POLÍTICA PANAMEÑA.
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Todo lo que el Tribunal Electoral, los partidos actuales y sectores empresariales del Foro Ciudadano consideran “avances” en realidad son cambios cosméticos o menores, que no van en la profundidad que la ciudadanía aspira y mucho menos de quienes, desde los sectores populares, queremos presentar verdaderas alternativas de cambio en 2014.
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Empecemos por lo medular, el principal obstáculo para inscribir partidos políticos nuevos es la exagerada y antidemocrática cuota del 4% de adherentes (63,500) para reconocer un partido político nuevo. Porcentaje que ya hemos demostrado es el más alto del continente.
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Como hemos informado anteriormente, el Partido Alternativa Popular, en asocio con CONATO y FRENADESO, sustentamos en la CNRE que ese porcentaje de adherentes debía ser, cuando mucho, equivalente al 1% del padrón electoral. El Foro Ciudadano y el Partido Popular aprobaron por mayoría que la reducción sea al 2%, es decir, una cifra cercana a los 33,000 adherentes, la cual se puede considerara un avance relativo, aunque aún se mantiene alto. Sin embargo, en dicha votación no participó el PRD y votaron en contra los cuatro partidos oficialistas, quienes tienen el control de la Asamblea de Diputados, en la cual pueden imponer su criterio de que todo quede igual.
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Respecto a los altos costos de la inscripción, como transporte, alimentación y viáticos, el Partido Alternativa Popular propuso un subsidio otorgado y controlado por el TE, lo cual fue rechazado por los partidos actuales, los cuales sí cobran su respectivo subsidio, antes y después de las elecciones.
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Del conjunto de propuestas hechas por el PAP al Título III del Código Electoral, la única notable que fue aceptada es la que permite a los partidos en formación sacar libro de inscripción estacionarios once meses al año, privilegio exclusivo de los partidos constituidos al día de hoy.
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Pero se mantiene la actual depredación de adherentes entre partidos, permitiendo que las personas se inscriban en más de un partido el mismo año y, por supuesto, apelando al actual sistema clientelista, no escrito pero practicado comúnmente de ofrecer puestos públicos y otros favores a cambio de la firma.
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Otro aspecto significativo son los gastos electorales provenientes de donaciones privadas a las campañas de candidatos y partidos, en la que se presenta como supuesto logro que se haya establecido, por consenso, un tope del 30%, respecto del financiamiento público que paga el Tribunal Electoral. En la actualidad no existen topes a los gastos, ni a las donaciones privadas.
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La estimación del Tribunal Electoral es que en 2014 el monto del financiamiento público será de 54 millones de balboas. Por ende, cada candidato presidencial podrá gastar de fuentes privadas hasta 15 millones de balboas, es decir, 15% por tantos candidatos como se presenten a las elecciones, más lo que les toque del financiamiento público.
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Si fueran tres candidatos presidenciales, como en 2009, tenemos que 15 por 3 son 45 millones, más 54 millones del financiamiento público, da un total de 99 millones de balboas, sin contar los gastos de los candidatos a los otros puestos de elección popular, para los cuales se fijaron topes menores, pero igualmente cuantiosos.
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En este asunto la única voz discordante fue la del Partido Alternativa Popular que, reconociendo que es un avance el establecimiento de un tope, éste sigue siendo tan alto como en las elecciones de 2009, lo cual implica el predominio del dinero sobre las campañas electorales, dando pie a las disparidades con candidatos que puedan provenir de sectores populares, quienes no tendrán esas cifras multimillonarias, además de ser fuente de corrupción, que sustituye la verdadera democracia por la plutocracia.
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El PAP se pronunció a favor de un sistema que esté sólo regido por el financiamiento público y, por ende, claro y fiscalizable ante la ciudadanía.
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Relacionado con esto están los montos de donaciones que puede hacer una persona natural o jurídica a la campaña de un partido o candidato. En este caso el PAP ha propuesto que el monto de estas donaciones no debería exceder de 10,000 balboas, por cuanto es la cifra a partir de la cual las entidades financieras exigen un control de la proveniencia de los fondos y por ser el límite reconocido por el propio Código Electoral para ser deducible de impuestos. Además de ser fuente de corrupción y de compromisos espúreos de los candidatos con intereses particulares.
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En este tema el Tribunal Electoral propuso un tope de donaciones a las candidaturas presidenciales de 15,000 balboas por persona (una cifra menor para diputados, alcaldes y representantes), en base al promedio de donaciones recibidas en 2009, según informaron los partidos. Sin embargo, en el debate se reconoció que el promedio es engañoso, ya que algunas personas naturales y jurídicas concentraban el grueso de los 25.5 millones donados a candidaturas presidenciales en 2009, de los 2.4 millones donados a candidatos a diputados y los 287,000 balboas donados a alcaldes. Y no está claro que se haya reportado todo lo recibido.
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Al respecto el Foro Ciudadano se mostró acorde con un criterio cercano al propuesto por el TE, pero los partidos Panameñista y CD se mostraron en contra de cualquier tope, y el resto de los partidos pidieron tiempo para discutir aduciendo no tener criterio. Por lo cual no se aprobó.
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Otro aspecto clave para garantizar o no la equidad en las campañas electorales es el relativo a los medios de comunicación. A este respecto el Partido Alternativa Popular ha sostenido que los costos de la publicidad electoral están asociados al alto costo de las campañas electorales y son una fuente de disparidad, ya que el no tiene para pagarla no puede mostrar su candidatura y sus propuestas y el que tiene dinero vende su oferta electoral como cualquier producto comercial. Por ello, hemos propuesto que se use un sistema como el ejecutado recientemente en México, en el que el TE contrate con los medios directamente los espacios de publicidad político electoral y luego los reparta equitativamente entre todos los candidatos y partidos.
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Al respecto los medios televisivos han presentado una propuesta de seis puntos, buena para los magistrados, en el que se comprometen a no aumentar las tarifas respecto al año anterior, hacer rebajas del 30% en las mismas, no permitir el traspaso de espacios publicitarios entre empresas y candidatos, etc. Pero se expresaron a favor de un sistema de “libre contratación” y no de un acuerdo exclusivo con el TE por el conjunto del espacio publicitario. Para peor, los medios escritos y radiales han expresado su completa oposición a cualquier control en nombre de la “libre empresa”. Los partidos y el FORO vieron con buenos ojos la propuesta de las televisoras, pero el tema no se ha votado.
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Resumiendo, ni habrá una rebaja sustancial en la cantidad de adherentes, ni tampoco en la forma que se recogen, ni habrá controles que garanticen una equidad respecto a la plutocracia imperante. Los únicos cambios aprobados son menores y no cambian la sustancia del actual Código Electoral antidemocrático.
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Quedan aún por discutirse aspectos importantes como la libre postulación presidencial pero se espera que el monto de adherentes que se exigirá será el mismo que para inscribir un partido político. También están pendientes: circuitos pluri y uni nominales, forma de conteo del voto para asignación de curarles, diputados nacionales o circuitales, etc.
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Finalmente exhortamos al conjunto del movimiento popular y obrero panameño, en particular a quienes han expresado su interés de que en 2014 existan alternativas concretas a las propuestas oligárquicas a tomar el tema de la reforma electoral como uno de los temas importantes del debate político nacional. Apreciamos en las sesiones de la CNRE y del Foro Ciudadano una disminución del entusiasmo inicial que expresaron sectores sindicales vinculados a CONATO y FRENADESO. Es necesario que se escuchen otras voces sociales, y no sólo la del P.A.P., en este asunto crucial para el futuro de la democracia panameña.
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Prof. Olmedo Beluche
Secretario General del PAP
Representante principal en la CNRE
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Panamá, 6 de septiembre de 2010.
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