sábado, 7 de agosto de 2010

Situación Nacional al 7 de agosto de 2010

Realizamos este Directorio Político Nacional del Partido Alternativa Popular bajo el signo de la insurrección obrera, popular e indígena de Bocas del Toro contra la Ley 30 o Ley Chorizo. Lo cualitativo de la nueva situación es que, luego de varios años, la clase obrera ha entrado en escena y se convierte en un actor político importante, junto a otros sectores como los pueblos originarios, los ecologistas, defensores de los derechos humanos y campesinos.

La gravedad de los acontecimientos en Changuinola, y la subsecuente Huelga General a nivel nacional, han producido un vuelco en gran medida inesperado de la situación política precipitándose una crisis, aún en su fase inicial, del gobierno de Ricardo Martinelli.

En momentos en que el gobierno empresarial y ultra derechista de Ricardo Martinelli conmemoraba su primer aniversario, con un alto índice de aceptación según las encuestas, y parecía lo suficientemente sólido para imponer un nuevo conjunto de medidas neoliberales y antiobreras, se ha producido el estallido de descontento del pueblo bocatoreño, dando un vuelco completo a la situación.

Tan fuerte se sentía el gobierno que en un espacio de dos meses impuso un conjunto de leyes que, en su conjunto, implicaban un fuerte golpe a los derechos económicos, sociales y sindicales de la clase trabajadora: Ley Carcelazo, que penaliza la protesta social; aumento del ITBM al 7%; Ley Chorizo, que de un golpe destruía al sindicalismo (eliminación de descuento directo de cuotas, imposibilidad de convocar huelgas, nuevo organismo de representación sindical manipulado por MITRADEL), elimina los estudios de impacto ambiental en ciertos proyectos y legitima la violación de los derechos humanos por miembro de la policía.

La cadena se rompió por el eslabón más débil

Si bien nadie podía predecir la profundidad de la revuelta popular en Changuinola, el análisis indica por qué los trabajadores bananeros han aparecido como la vanguardia en la lucha contra las medidas draconianas de Martinelli.

Por un lado, los trabajadores bananeros pertenecen en su mayoría al pueblo gnobe-buglé, siendo los indígenas la parte más empobrecida del país, y ellos los más pobres entre los pobres. Por otro lado, los trabajadores bananeros tienen una larga tradición de lucha con los métodos clásicos de la clase obrera, es decir, asambleas de empresa, control de la empresa y zonas aledañas durante la huelga, piquetes para custodiar las instalaciones, etc. Y, aunque la huelga más legendaria que se recuerda antes que ésta data de 1960, durante las décadas siguientes hubo movimientos de menor magnitud pero que mantuvieron esa tradición.

Además, la zona de Changuinola es, al igual que antes Barú, completamente dependiente de la multinacional Chiquita Brands, actuando casi como un estado dentro de otro, con el único poder alterno del sindicato (SITRAIBANA), pues las autoridades públicas siempre han sido títeres de la “Compañía”.

A todo lo cual, se suma el descontento larvado por el conjunto de la sociedad panameña con un régimen político de veinte años de “democracia” neoliberal que ha empobrecido sistemáticamente al pueblo. Martinelli, que obtuvo una alta votación en Bocas del Toro, había sembrado la ilusión en un “cambio” en la forma de actuar de los gobiernos. Ilusión que ha empezado a despejarse conforme avanzan los meses y el pueblo panameño descubre que es “más de los mismo”.

En estas circunstancias, Chiquita Brands intentó aprovechar a fondo las ventajas que le ofrecía la Ley 30 para tratar de debilitar al sindicato, negándose a descontar y pagar la cuota sindical, con lo cual detonó el primer llamado a huelga por 48 horas, que se hizo indefinido cuando la asamblea de trabajadores comprobó que la empresa arreciaba con el no pago de salarios a los huelguistas azuzada por la ministra de Trabajo, Alma Cortés, las declaraciones intransigentes del propio Martinelli, y la actitud represiva teñidas de racismo desembozado por parte del ministro Mulino y el jefe de la policía Gustavo Pérez.

El traslado de más de mil unidades de policiales para reprimir el movimiento huelguístico, entre el 7 y el 8 de julio, fue el detonante de la insurrección popular, con su secuela de muertos (al menos 8), heridos de gravedad (al menos 50), cientos de heridos leves, centenares de detenidos, etc. De todos los mártires obreros de esta lucha, destacamos la figura del compañero Antonio Smith, dirigente sindical de las bananeras independientes afiliado a la central Convergencia Sindical.

Pese a la represión, el gobierno y la bananera, NO pudieron derrotar al movimiento, teniendo que tranzar un acuerdo en que se suspendían los aspectos que afectaban al sindicalismo de la Ley Chorizo.

Bocas del Toro impuso la Huelga General pese al divisionismo

El estallido popular de Changuinola fue tan poderoso, sumado a las torpezas represivas del gobierno oligárquico de Martinelli, que impactó la conciencia nacional de tal manera que obligó a las dirigencias sindicales a convocar la Huelga General nacional, aunque era notoria su falta de decisión para llegar a acuerdos que permitieran concretarla.

Por un lado, la dirigencia sindical tradicional de CONATO, pese a denunciar mediante resoluciones la Ley Chorizo , en el primer momento hizo muy poco para enfrentarla. Por ejemplo, nunca convocó al organismo natural de lucha que es el Consejo Nacional de Delegados de CONATO. Fue al calor del movimiento huelguístico bananero que la dirigencia de CONATO aceptó la propuesta de la nueva corriente del sindicalismo independiente, ULIP, para convocar en conjunto la huelga y que CTRP, a la que está afiliado SITRAIBANA, convocó recién el 9 de julio su Consejo de Delegados.

Por otro lado FRENADESO-CONUSI-SUNTRACS, pese a su indiscutible papel de vanguardia de la lucha sindical, se negó reiteradamente a los intentos de alcanzar acuerdos para que la movilización y la huelga fueran convocadas y coordinadas de manera unitaria. El sectarismo tal vez sirva para capitalizar “prestigio”, pero debilita al conjunto del movimiento obrero, sobre todo en una lucha en que la vanguardia la han ocupado sectores sindicales no vinculados a ellos, como los bananeros.


Lo más novedoso y positivo es que el movimiento sirvió de bautismo a la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), nuevo agrupamiento del movimiento sindical independiente, que supo defender los intereses generales de la clase trabajadora, teniendo que maniobrar entre el burocratismo de CONATO y el sectarismo de FRENADESO, convirtiéndose por momentos en el fiel de la balanza.

ULIP tuvo el acierto de convocar un exitoso encuentro nacional, cuando fue llevada a la Asamblea Nacional la Ley Chorizo , y tuvo un papel destacado en la Huelga General , del martes 13 de julio, donde el Sindicato de la Coca Cola paralizó completamente la empresa y la Federación Auténtica de Trabajadores, logró movilizar segmentos importantes, en especial en La Estrella Azul y Cemento Panamá.

Como ya hemos señalado en el balance de la huelga que el P.A.P. realizó, la huelga general, aunque parcial, fue un ÉXITO, logrando afectar severamente sectores industriales que hace años no paraban. Pero al margen de los efectos económicos, los efectos políticos de la huelga son los más notables: teniendo el gobierno que desactivar momentáneamente sus medidas represivas contra la dirigencia sindical y popular, y congelando por ahora la Ley Chorizo.

El gobierno de Martinelli, más débil, pero no está derrotado

La lucha de los trabajadores bananeros y la huelga general han abierto un nuevo momento político, distinto al anterior. Las ilusiones de muchos en el gobierno de Martinelli empezaron a desvanecerse, a la vez que el movimiento social, aletargado desde las luchas de 2003-2005 en defensa de la seguridad social, vuelve a despertar.

Estamos en un momento de mayor intensidad de la lucha de clases, que parece coincidir con una corriente semejante en Latinoamérica, y en especial Centroamérica, cuya vanguardia han sido los hondureños desde el golpe de estado del año pasado. Esta reanimación de la lucha de clases, facilitada por el carácter claramente empresarial y oligárquico del gobierno de Martinelli, está ayudando a la maduración política de los trabajadores y a que tomen conciencia de la necesidad de construir su propio instrumento político.

Sin duda Martinelli y su gobierno han perdido el asalto, usando el argot boxístico, pero no están derrotados. El repudio de la opinión pública a sus medidas es generalizado y se ha apreciado en una caída brusca en las encuestas. Lo peor para ellos es el surgimiento de fuertes contradicciones internas en la alianza de gobierno, en especial con el Partido Panameñista, que se pronostica puedan conducir a una ruptura abierta.

La empresa encuestadora Dichter y Neira, a principio de julio señaló una caída del índice de aceptación del Presidente del 14%, aunque aún se mantenía sobre el 50% (viene cayendo desde el 80%). Pero lo más significativo mostraba que el 60% NO lo volvería a elegir (esta pregunta fue sacada de la página web al segundo día), que la mayoría opina que no cumple sus promesas de campaña y el repudio que gozan la mayoría de sus ministros, en particular los responsable directos de las medidas Alma Cortes y José R. Mulino.

Las pequeñas fisuras que ya se apreciaban en la alianza oficialista, ostensibles desde el rechazo del proyecto de Ley de “Consulta ciudadana”, encabezado por el diputado panameñista José Blandón, se han convertido en grietas bastante marcadas. Las diferencias se expresaron desde el intento del vicepresidente Varela por pactar con los huelguistas de Bocas y la línea “dura” expresada por los allegados a Martinelli. También en la disputa con el alcalde de Panamá, Bosco Vallarino, y las denuncias de corrupción contra el ministro Ferrufino del MIDES.

La concentración de poder en manos de Martinelli, y su estilo totalitario, que busca aniquilar a otras fracciones burguesas en órganos del estado, no sólo al PRD, sino a sectores de la llamada “sociedad civil”, ya habían generado preocupación de parte de la embajada norteamericana y el viaje intempestivo del secretario de Estado para América Latina, Valenzuela, hace unas semanas. Voceros diplomáticos norteamericanos, en reuniones privadas, han expresado la preocupación de que Martinelli queme todas las opciones de recambio y las válvulas de escape del régimen, debilitando al modelo tal como ha sucedido en otros países de la región.

Aunque debilitado, Martinelli no está derrotado e intenta ganar tiempo para superar la crisis. La maniobra fundamental la ejecuta a través de la llamada “Mesa de Diálogo” bastante parcializada y no representativa, y suspendiendo (no derogando) los artículos antisindicales de la Ley 30 pero sosteniendo lo demás. Por otro lado, continúa su Plan Económico quinquenal con las multimillonarias inversiones públicas que harán más ricos a sus allegados.

Su lado flaco, son los ministros Mulino y Alma Cortés, responsables directos de la Ley 30 y la represión, así como su jefe de Policía. Junto al movimiento sindical y los organismos de derechos humanos, debemos insistir en su destitución y procesamiento por los desmanes cometidos.

La gran falencia sigue siendo la ausencia de un referente político obrero y popular

La fortaleza es que literalmente no existe una oposición política prestigiada. El PRD, aunque intenta superar su crisis, está muy lejos de poder capitalizar el creciente descontento con Martinelli. El PRD no supera su crisis, y carece de una figura que catalice como referente alternativo. Sin embargo, la actual dirección encabezada por Mitchell y Cárdenas ha logrado evitar la fuga de muchos activistas fomentando la ilusión de que “ahora sí” habrá una renovación “progresista” de su dirección.

Gracias a la entrada en escena del movimiento obrero y popular, aparecen mejor ubicados como una oposición política FRENADESO, en particular Saúl Méndez, así como el Prof. Juan Jované, a la cabeza de un frente social amplio, compuesto por ULIP, el Partido Alternativa Popular, el Partido del Pueblo, y hasta sectores de CONATO. Sin embargo, aún no ha cuajado ningún acuerdo concreto al respecto, y con FRENADESO hay pocas esperanzas de que cambie su curso sectario.

El problema para el Partido Alternativa Popular consiste en lograr que esa nueva dirigencia político social adopte como suya la construcción de este proyecto político bajo la forma de un partido electoral tipo frente. Existe un evidente desfase al respecto, pese a los indiscutibles avances del PAP en cuanto a reconocimiento ciudadano y el papel de muchos de sus dirigentes a la vanguardia del movimiento sindical y popular.


PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR


DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL

Panamá, 7 de agosto de 2010.


lunes, 8 de marzo de 2010

Propuestas de Reformas al Título III del Código Electoral sobre Partidos Políticos

En atención al acuerdo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales del pasado 4 de marzo del presente, presentamos las propuestas de modificación a los artículos que componen el Título III del Código Electoral, para que sean consideradas por tanto por los miembros de la CNRE, como por el Foro Ciudadano y por la ciudadanía en general:

1. Artículos 40 y 41 (sobre definición partido político):

Sostenemos que deben permanecer tres principios: A. que son entidades públicas, B. que existen si perjuicio del derecho a la libre postulación (como establece la Constitución Política); C. que uno de sus objetivos (además de la defensa de las instituciones democráticas) es la “defensa de la soberanía nacional” (tal y como está ahora).

2.
Artículo 43: (Requisitos para inscribir un partido político)

Parágrafo 1: Proponemos que se baje de 1,000 a 100 el número de firmas de ciudadanos para solicitar la inscripción de u nuevo partido político.

Parágrafo 4: proponemos que se baje el requisito del 4% de firmas de adherentes (votos válidos última votación) a la cifra de 3,000 adherentes (siguiendo el modelo de Costa Rica) o en su defecto una cifra que no exceda del 1%.

Justificación: la cantidad de adherentes que se exige en Panamá es la más alta del continente, es antidemocrática y la misma impide que surjan nuevos partidos y ofertas electorales. En Colombia el porcentaje que se pide es inferior al 0.4%; en México es inferior al 0.2%; en Costa Rica, que es la democracia más antigua de Centroamérica y con una población semejante a Panamá sólo se piden 3,000 adherentes.

3.
Artículo 49: (requisitos sobre memorial de certificación residencia para solicitar nuevo partido):

Parágrafo 5: proponemos que se eliminen o expida las CERTIFICACIONES DE RESIDENCIA el Tribunal Electoral, ya que en este momento la expiden Alcaldes y Corregidores que, si son de partidos contrarios, las bloquean y retardan, lo cual le sucedió al P.A.P.

4.
Artículo 56: (Cuando aparecen dos partidos con el mismo nombre):

En el segundo párrafo, cuando se señala el criterio de los magistrados para decidir cuál reconoce, debe agregarse que tiene prioridad el que entregó su documentación primero en el tiempo.

5. Artículo 58: (sobre inscripciones de adherentes):

Parágrafo 1: Debe haber igualdad de condiciones entre partidos en formación y partidos constituidos, ya que la redacción actual otorga a los partidos en formación libros estacionarios (en la calle) sólo 4 meses al año; mientras que el artículo 74 autoriza a los partidos constituidos a mover sus libros durante todo el año.

Parágrafo 2: es un derivado del anterior y obliga a que durante 7 meses del años el partido en formación no puede sacar libros a la calle y sólo puede inscribir en las oficinas del TE.

Además proponemos que existan LIBROS MÓVILES, tal y como el TE autorizó en las elecciones de 2009 a los precandidatos por libre postulación (precedente reciente) y como se hacía durante la década de los 80 (precedente anterior).

Otra variante, utilizada en algunos países, es que los partidos recojan las firmas de los adherentes en listas confeccionadas por el propio partido en formación o por el Tribunal Electoral (semejante al memorial que ahora mismo se utiliza en las primeras mil firmas de solicitud para iniciar un partido), y luego las firmas y los datos se cotejen contra la base de datos del T.E. para determinar su veracidad (tal y como se hace con los iniciadores de partidos nuevos).

6. Artículo 70: (sobre inscripción partidos)

Al igual que en artículo 58 sólo habla de libros estacionarios, proponemos que agregue la opción de LIBROS MÓVILES, LO CUAL YA AUTORIZARON LOS MAGISTRADOS EN 2009 A LOS DE LIBRE POSTULACIÓN, o el sistema de listas que hemos descrito arriba..

7. Artículo 78: (sobre cuántas veces puede firmar un ciudadano en partidos distintos):

La redacción indica que un ciudadano/a no puede firmar en más de un partido en formación a lo largo de un año, pero esta redacción excluye a los partidos constituidos. La norma debe ser igual para todos. El parágrafo 2 del Artículo 83 así lo establece, pero en el artículo 78 la redacción es confusa.

8. Artículo 97: (sobre los derechos de los partidos políticos):

Parágrafo 13: establece el derecho de los partidos constituidos a recibir financiamiento público del TE, proponemos que este derecho se haga extensivo a los PARTIDOS EN FORMACION (a ser reglamentado posteriormente). Si se acepta debe modificarse el artículo 68, parágrafo 1, para que se incluya.

9. Artículos 114 y 116 (sobre extinción partidos):

Si se modifica el requisito de cantidad de adherentes (4% ahora) para formar un partido se requiere modificar los artículos 114 y 116 en el mismo sentido.

10. Artículo 120 (sobre el Consejo Nacional de Partidos Políticos):

Proponemos que se modifique para incluir al Foro Ciudadano Pro reformas Electorales, en representación de la sociedad civil, con cuatro representantes, tal y como está ahora conformada la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

Aprobado por el Comité Ejecutivo del Partido Alternativa Popular

Prof. Olmedo Beluche
Representante legal


Panamá, 8 de marzo de 2010

martes, 2 de febrero de 2010

Informe sobre participación del P.A.P. en la Comisión de Reformas Electorales

1. El 14 de enero se instaló la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) cuyo objetivo es revisar y reformar el Código Electoral. La CNRE es convocada por el Tribunal Electoral (TE), que la preside. La CNRE es un logro democrático, que se da en pocos países, aunque sus alcances son limitados tanto por su composición, controlada por los partidos políticos legales, como por la Asamblea Nacional de Diputados, por cuyo tamiz deben pasar las reformas. En los últimos períodos el Tribunal Electoral ha invitado a participar a organizaciones de la sociedad civil y le ha reconocido derecho a voto en la CNRE. En esta ocasión se ha creado el Foro Ciudadano pro Reformas Electorales que tiene 4 votos. Los partidos legales tienen seis votos.

2. El Partido Alternativa Popular, como partido en formación, ha sido invitado a participar de la CNRE con derecho a voz
. En un comunicado que repartimos el día de su instalación señalamos que acudimos a la CNRE optimistas y expectantes de que sus miembros estén dispuestos a asumir la profundidad de reformas que el país reclama y que pusieron en evidencia las irregularidades acontecidas durante las elecciones de 2009. El P.A.P. espera de la CNRE una reforma que en verdad democratice el sistema electoral panameño rompiendo el monopolio de partidos y los políticos tradicionales, permitiendo que otros sectores sociales y políticos podamos hacer efectivo el derecho constitucional de participar.


3. Desde antes que se reuniera la CNRE el Comité Ejecutivo de P.A.P. resolvió trabajar en común con los componentes del Foro Ciudadano en busca de acuerdos entorno a las reformas, las cuales van desde bajar la cuota de adherentes y la forma de recolectar las firmas, el financiamiento de los partidos, el acceso a los medios de comunicación, etc.

4. En este primer comunicado podemos informar que la participación del P.A.P. en las sesiones de la CNRE ha sido exitosa. El P.A.P. se ha convertido en la voz de los sectores populares dentro de la CNRE, participando con propuestas sustentadas siempre con razonamientos lógicos y bases jurídicas y democráticas.

5. En asocio con el Foro Ciudadano, el PAP desde la primera sesión se opuso, y logró que se modificara, el artículo 5 del Reglamento de la CNRE que daba más tiempo de palabra a las organizaciones con derecho a voto, logrando igualdad de condiciones para las organizaciones con derecho a voz. A iniciativa nuestra se modificó una frase del art. 6 del Código que hacía del voto una obligación, para nosotros la abstención es un recurso legítimo de la ciudadanía para castigar al sistema político. En el mismo sentido, propusimos eliminar el artículo 20 que autoriza a sacar del padrón a los ciudadanos que no hayan votado en tres elecciones consecutivas. Aunque los cuatro votos del Foro se expresaron en consonancia con esta idea, en este caso el bloque de los partidos legales mantuvo el cuestionado artículo que tiene trazos de inconstitucionalidad. Esperamos que en las próximas sesiones se aborde el tema de los requisitos para inscribir partidos políticos nuevos, donde sostendremos nuestra conocida postura por reducir el número de adherentes al mínimo de 3,000, al igual que en Costa Rica.


Equipo del P.A.P. en la CNRE
1 de febrero de 2010


miércoles, 25 de noviembre de 2009

Carta de Protesta ante la Cancillería de la República de Panamá, contra el apoyo del Canciller Juan Carlos Varela a los golpistas de Honduras

Panamá, 25 de noviembre de 2009


A Su Excelencia

JUAN CARLOS VARELA

Vicepresidente y Canciller

de la República


E. S. D.

Señor Canciller:


Con el respeto acostumbrado, quienes suscribimos la presente misiva, debemos expresarle la disconformidad y sentimientos de protesta por la postura que ha venido asumiendo la Cancillería panameña, que usted preside, frente a la situación del golpe de Estado, que despojó al Presidente Manuel Zelaya de la posición que legítimamente le otorgó el electorado hondureño con sus votos.


Debemos reconocer que la Organización de Estados Americanos, en debido cumplimiento de la Carta Democrática , adoptó decisiones firmes y precisas, acerca de la ilegitimidad del gobierno que preside el señor Roberto Micheletti y acordó el retiro de los embajadores de los respectivos países de nuestra América, como expresión de protesta y condena del gobierno de facto.


Igualmente, debemos lamentar que el gobierno panameño, representado por la Cancillería, ha adoptado posiciones que se alejan de la postura asumida por la OEA, y que van encaminadas a propiciar el proceso electoral organizado por el gobierno golpista y a reconocer los resultados de esas elecciones espurias.


Difícilmente, señor Canciller, se puede reconocer el resultado de sus elecciones organizadas dentro de un clima de persecución contra los vastos sectores de la sociedad hondureña, que respaldan la reinstauración del Presidente legítimo Manuel Zelaya, frente al gobierno de la hermana República de Honduras. Difícil es, desde una perspectiva ética, defender la legitimidad de quien resulte ganador de los comicios organizados en condiciones antidemocrática, totalmente inaceptable.


Por estas razones, señor Canciller, quienes suscribimos la presente misiva, condenamos la postura del gobierno que usted representa, que se aleja totalmente de las tradiciones democráticas que estamos llamados a defender.


Atentamente,


Miguel A. Candanedo, 4-79-845 , M.P.U.N.A.

Juan Jované , 3-46-269

Olmedo Beluche, 8-207-1032, Partido Alternativa Popular

Rubén Sousa, 8-138-87, Partido del Pueblo

Rafael Benavides, 9-193-389, Mov. Revolucionario 9 de Enero

Raúl González, 9-85-755, Partido Alternativa Popular

Aurelio Robles, 8-211-571, Movimiento Popular Unificado

domingo, 4 de octubre de 2009

Balance de los 100 días de Martinelli: ¿El cambio dónde está?

Se han cumplido los primeros cien días del gobierno de la Alianza por el Cambio, presidida por Ricardo Martinelli, plazo establecido por ellos mismos para mostrar al país un gobierno diferente a los anteriores. Pero la pregunta que empieza a hacerse por todos lados es: ¿Y el cambio dónde está?


¿En qué ha mejorado la vida del pueblo panameño en estos cien días? En absolutamente NADA. ¿Acaso hay mayor seguridad y menos delincuencia? No, la situación está peor. ¿Se han congelado los precios de la canasta básica y aumentado los salarios? ¡Por supuesto que no! ¿Mejoró el transporte público? Tampoco. ¿La salud pública y la educación han recibido un impulso hacia una mayor cobertura y calidad? ¡Qué va!


Si bien el gobierno empezó con algunas acciones “espectaculares” contra los eternos privilegiados que no pagan impuestos (Zona Libre de Colón) y los que se burlan de las concesiones estatales (como Figali en Amador), pronto rebajó considerablemente sus exigencias y quedó claro que sólo persigue aumentar los impuestos para pagar deuda a los bancos. ¿En qué quedó la promesa de nacionalizar los Corredores Norte y Sur?


Las reformas tributarias implementadas, que afectan más a la clase media que a los verdaderos oligarcas, reflejan la doble moral del actual gobierno: bajó los aranceles de importación de ciertos productos para beneficio de los importadores, como los Supermercados 99 y la Nestlé, pero afectando a los productores y ganaderos de las provincias centrales; aumentó el impuesto al tabaco, pero dejó por fuera a los licores, para no dañar los negocios del vicepresidente Juan C. Varela.


El único programa social que puede presentar el actual gobierno como un logro nuevo es el de “100 a los 70” (demasiado poco y demasiado tarde para la mayoría de nuestros ancianos), pero a costa de haber paralizado los cuatro principales programas sociales del MIDES, entre ellos, la Red de Oportunidades.


Ni siquiera en el combate a la corrupción se aprecia ningún cambio significativo, pues el único que ha pagado los platos rotos es el más limpio de los ex ministros de Torrijos, Belgis Castro, mientras que los que se hicieron millonarios siguen por ahí. Y, por el contrario, ya empezaron a estallar los primeros escándalos de corrupción en el nuevo gobierno, destacándose el flamante alcalde norteamericano de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino, y los millones en contrataciones directas sin licitación.


El pueblo panameño, que tiene 20 años esperando la resolución de sus problemas, no le concedió a este gobierno los cien días de tregua que pedía. En este lapso se han producido múltiples luchas y movilizaciones, desde los docentes de las áreas de difícil acceso a los estudiantes del IPT de Colón, el Instituto Nacional y la Facultad de Derecho; las comunidades de Isla Colón a los trabajadores de Puerto Armuelles; los transportistas de la ciudad de Panamá y la gente de Panamá Oeste defendiendo el transporte “pirata”; desde los indígenas Naso a las comunidades campesinas contra las minas y embalses.

A todas estas demandas populares la única respuesta del gobierno ha sido la REPRESIÓN y las amenazas. Ninguna solución.


En política exterior el retroceso ha sido mayor: volvimos a la época del “protectorado yanqui” y del “yesman” hacia Washington. Los viajes faraónicos a Italia y Estados Unidos lo único que han traído es la posibilidad de reeditar las bases militares que el pueblo panameño sacó en 1999, luego de casi cien años de luchas.


El colmo ha sido el respaldo expresado por el Canciller – Vicepresidente Varela a los golpistas hondureños rompiendo la unidad latinoamericana en la exigencia de restitución del legítimo presidente, Manuel Zelaya. Como sólo tienen ojos para el “norte”, se pretende sacarnos de la integración centroamericana, atacando al Parlacen, en vez de proponer una reforma del organismo.


En fin, como ya advertimos desde la campaña presidencial, tanto el Partido Alternativa Popular, como el Comité “Jované Presidente”, estamos ante un gobierno oligárquico que trabaja para sus intereses y no para el pueblo panameño.


Peor aún, estamos ante un gobierno abiertamente racista, por su composición y actitudes, cuya excepción que confirma la regla es la ministra Lucy Molinar, cuyo “mérito” es su obediencia al Opus Dei. El racista más descarado es el ministro de Gobierno, José R. Mulino, que ha hecho declaraciones despectivas frente a un grupo de indocumentados somalíes y ha ordenado la detención y desalojo de los nasos que acampaban en la Plaza Catedral porque “afeaban” el lugar.


Por el lado del PRD la situación no está mejor, ya que la crisis interna y las denuncias públicas del caso CEMIS y del negociado de los casinos, ha llevado al pacto de los cuatro: Navarro, Pérez Balladares, Torrijos y Balbina Herrera. Los que esperaban cambios y “rectificación torrijista” se han quedado decepcionados.


Pero en estos cien días sí ha empezado a cambiar algo: ha empezado el proceso de inscripción del Partido Alternativa Popular, la esperanza de una verdadera transformación política y social, con el Prof. Juan Jované a la cabeza. Centenares de personas cada semana se suman a los adherentes de este nuevo partido político expresando su voluntad política de que haya una alternativa popular, independiente, democrática y antineoliberal que gobierne este país.


Y aunque este cambio todavía es incipiente, a la fecha contamos con poco más de 2,500 adherentes, es un paso en la dirección correcta: construir un partido político nuevo, que no esté controlado por la oligarquía, los corruptos y los oportunistas, si es que queremos un gobierno diferente y un país renovado donde impere la “justicia social”.


Este compromiso lo hemos asumido concientes de que el Código Electoral panameño es antidemocrático y obsoleto, puesto que es producto de un pacto entre el PRD y el Panameñismo, para controlar eternamente nuestro sistema político impidiendo el surgimiento de nuevas y verdaderas alternativas políticas. Por ello hemos solicitado al Foro de la Sociedad Civil sobre la Reforma Electoral un compromiso que presione por modificaciones profundas y democráticas del Código Electoral.


El Partido Alternativa Popular representa las transformaciones a las que aspira el pueblo panameño porque es el único con el programa de gobierno capaz de resolver los problemas sociales: creando decenas de miles de empleos para nuestra juventud utilizando el dinero de la reducción de salarios de los altos funcionarios públicos (ministros, magistrados y diputados), aumentando el gasto social haciendo inversiones masivas en educación, salud y vivienda, cuyo financiamiento saldrá de impuestos progresivos, donde paguen más los que más ganan; una política de protección e incentivos a la industria y la agricultura; una política de integración regional basada en la complementariedad y el comercio justo; un aumento general de salarios y una congelación de precios de la canasta básica; la nacionalización de empresas de servicio público; y un plan para llevar a todos los menores a la escuela, sacándolos de la calle y de la explotación laboral.

En base a los razonamientos anteriores, la presente Asamblea de Activistas del Partido Alternativa Popular de los distritos de Panamá y San Miguelito, resuelve:


1. Reiterar al pueblo panameño su compromiso de construir el proyecto político para un cambio verdadero al que aspira nuestro país, encabezado por el Prof. Juan Jované.


2. Exhortar a la ciudadanía a respaldarnos con su firma para lograr la inscripción del Partido Alternativa Popular, en especial a los activistas gremiales que han luchado contra 20 años de régimen neoliberal en Panamá.


3. Señalar que en menos de cien días, el gobierno presidido por Ricardo Martinelli ha demostrado que no representa ningún cambio de fondo, sino “más de lo mismo”, no ha resuelto ninguno de los problemas que aquejan al país y ha sido tibio frente a la corrupción, mientras la inflación, el desempleo y la delincuencia siguen flagelando al pueblo panameño. La única respuesta que han recibido las demandas populares es la represión.


4. Expresar nuestro respaldo y participación en la Marcha indígena procedente de San Félix y sus demandas, exigiendo la libertad inmediata de los dirigentes del pueblo NASO injustamente arrestados en Catedral, apoyando la lucha por su derecho a la tierra y a ser consultados y decidir sobre cualquier proyecto que les afecte, así como a la protección de nuestras riquezas naturales frente a la depredación que significan las mineras y proyectos hidroeléctricos incontrolados.


5. Respaldar y acompañar todas las luchas populares por una vida más justa, desde los trabajadores de Puerto Armuelles que exigen el pago de sus salarios, hasta las comunidades de Bocas del Toro que demandan servicios públicos, pasando por Arraiján y Chorrera que exigen transporte, a los docentes y estudiantes que demandan una educación eficiente y de calidad, a los trabajadores de la salud frente a todo intento de privatización, etc.


6. Rechazar cualquier imposición de bases militares extranjeras en nuestro territorio y en países vecinos, como Colombia, así sea que se las pretenda disfrazar de “combate al narcotráfico”. Los Mártires hablaron claro: ¡BASES NO!


7. Repudiar las declaraciones del Vicepresidente, Juan C. Varela, apoyando a los golpistas hondureños, y reiterar nuestro respaldo a ese pueblo hermano en su lucha por la restitución de la democracia y del presidente legítimo Manuel Zelaya.



Dado en la ciudad de Panamá, a los tres días del mes de octubre de 2009.


ASAMBLEA DE ACTIVISTAS DEL PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR

martes, 22 de septiembre de 2009

Propuesta sobre Reforma a la Cuota de Adherentes de Partidos Políticos en el Código Electoral Panameño

Foro de la Sociedad Civil sobre la Reforma Electoral

En cumplimiento de lo acordado en nuestra última reunión, los abajo firmantes presentamos nuestra propuesta para el primer punto de la Agenda de reformas al Código Electoral elaborada por este Foro de la Sociedad Civil.

Consideraciones:

Una revisión somera sobre legislación electoral de otros países ilustra claramente que el Código Electoral panameño, al exigir 4% de adherentes de los electores que votaron en las últimas elecciones para inscribir un partido político, es uno de los más restrictivos y antidemocráticos del continente, y seguramente del mundo.

Por motivos de tiempo y espacio realizamos un estudio comparado con las legislaciones vigentes en dos países vecinos, Colombia y Costa Rica, y otro de la región, México. Los tres países constituyen en estos momentos ejemplos de “sistemas democráticos” según organismos internacionales especializados en la materia.

  1. El Caso de Costa Rica:

Costa Rica es el país más parecido a Panamá, no sólo por continuidad geográfica, sino por población y cantidad de electores. Además es el país centroamericano de mayor tradición democrática. Por ello, Costa Rica constituye el ejemplo a seguir en este caso, a nuestro parecer.

El Código Electoral costarricense establece una serie de criterios para el registro de partidos políticos los cuales son comunes a todos los países, incluido Panamá, por lo cual no nos detendremos en ellos, sino que iremos directo a la cuota de adherentes requerida. Sin embargo, conviene también tener presente que este país reconoce la existencia de partidos nacionales, provinciales y cantonales.

El Artículo 64, inciso e, del Código Electoral de Costa Rica establece:

“e) Tres mil adherentes de electores inscritos en el Registro Civil a la fecha de la constitución del partido, si se tratare de partidos a nivel nacional. Para inscribir partidos de carácter provincial, se necesitará un número de adhesiones equivalente al uno por ciento (1%) del número de electores inscritos en la respectiva provincia; para los partidos cantorales, el mismo porcentaje de los electores inscritos en el cantón”.

En números relativos, en estos momentos, Costa Rica exige para inscribir un partido político de carácter nacional aproximadamente el 0.12% de adherentes de los electores que aparecen en el Registro Civil. Cifra que es el resultado de la división de 3,000 adherentes entre los 2,550,613 votantes en las elecciones de 2006. La proporción podría ser un poco mayor pues los votantes siempre son un poco menos que los electores registrados.

En todo caso, la letra de la legislación costarricense señala con claridad que el tope máximo (caso de partidos provinciales y cantorales) de adherentes exigidos es 1% (uno por ciento).

  1. El caso de Colombia:

En el caso colombiano, el Código Electoral sólo legisla en materia de procedimientos para la inscripción del registro civil y electoral, siendo la Constitución Política la que establece las reglas para la inscripción de partidos políticos. En ese sentido el artículo 108 de la Constitución Política del estado colombiano establece:

“Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República”.

Es decir, que para inscribir un partido político nuevo en Colombia se requieren 50,000 adherentes (cincuenta mil). Tomemos en cuenta que en las últimas elecciones presidenciales colombianas, en 2006, emitieron su voto 12,058,788 electores que constituyen el 45% del padrón electoral.

Lo que significa que la legislación colombiana sólo exige un aproximado del 0.4 % (50,000 entre 12 millones), o el 0.2% respecto al total de los habilitados para votar (25 millones aproximadamente), de los electores como adherentes para inscribir un partido político nuevo. Cifra que es mucho menor si se relaciona con el conjunto del padrón del Registro Civil. En todo caso es dos décimas del 1% del conjunto de los electores.

  1. El caso de México:

En México las reglas para inscribir partidos políticos se encuentra en su Código Electoral federal. Y el tema específico que nos ocupa se establece en el Título Segundo, Capítulo Primero, Del procedimiento de registro legal, artículo 24, inciso b, donde se lee:

“Artículo 24….

“b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos, doscientos distritos electorales uninominales, …, en ninguna circunstancia el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del total del padrón electoral federal….”.

Para mayor claridad en el caso mexicano, tenemos que 3,000 afiliados por 20 estados de la Federación, equivalen a 60,000, al igual que 300 afiliados por 200 distritos electorales también equivalen a 60,000.

Si tomamos en cuenta que en las elecciones generales mexicanas del año 2003 estaban habilitados para votar 64.7 millones de ciudadanos y ciudadanas, y redondeamos a 65 millones, 60,000 afiliados que se exigen apenas constituyen el 0.09% del total de votantes, el 0.2% de los 27 millones que ejercieron el sufragio. Por supuesto, el límite mínimo señalado en la norma mexicana es 0.26%, es decir, menos de tres décimas del 1%.

Propuesta:

Como hemos señalado, razones de espacio y tiempo nos obligan a concentrarnos en sólo tres ejemplos, a los que un estudio más detenido podría añadir muchísimos más (Estados Unidos, Venezuela, Francia o España) donde las legislación electoral es mucho más democrática que en Panamá respecto a los requisitos exigidos para la inscripción de partidos políticos.

Se puede apreciar que en los tres casos mencionados las legislación exige menos de cuatro décimas (0.4%) de adhesiones para registrar un nuevo partido político y que el tope máximo es del 1% en los partidos cantorales y provinciales de Costa Rica.

Proponemos que, en la próxima reforma electoral de 2010, por motivos de semejanza regional y demográfica y por ser un modelo democrático, Panamá establezca los mismos parámetros exigidos por Costa Rica para el requisito de adherentes o afiliados para inscribir partidos políticos nuevos: 3,000 adherentes.

Además, proponemos un método menos oneroso para la recolección de estas firmas, que las mismas se presenten en papel simple, para ser cotejadas contra la base de datos del Tribunal Electoral.

No debemos olvidar que las mismas reglas que hoy se le aplican a los partidos políticos, también son aplicables a las candidaturas de libre postulación, sin embargo, consideramos que dicho tema debe recibir una consideración especial, incluso con la participación de candidatos que participaron en las últimas elecciones en esas condiciones.

Sin otro particular,


Prof. Olmedo Beluche

Partido Alternativa Popular


Prof. Raúl González R.

Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá

Panamá, 22 de septiembre de 2009

miércoles, 19 de agosto de 2009

Carta del PAP a los magistrados del Tribunal Electoral sobre la Comisión de Reformas Electorales

Panamá, 18 de agosto de 2009.



Señores


Erasmo Pinilla C.

Eduardo Valdés E.

Gerardo Solís


Magistrados

Tribunal Electoral de Panamá


E. S. D.


Señores Magistrados,

Reciban un cordial saludo. En nombre del Partido Alternativa Popular, en formación, nos dirigimos a ustedes tomando en consideración que en los próximos días, Ustedes estarán reglamentando mediante decreto la Comisión de Reformas Electorales.


Queremos por esta razón solicitarles formalmente la inclusión de nuestro partido en formación, así sea con voz, en los debates de la Comisión de Reformas Electorales. Es conveniente desde cualquier punto de vista que en estos debates se invite a todos los ciudadanos y ciudadanas organizados que tengan interés por participar y perfeccionar las instituciones democráticas de Panamá.


No hacerlo así, contradice los principios que inspiran la institución que Ustedes presiden, sentando un mal precedente respecto a la aspiración ciudadana de que las próximas elecciones sean incluyentes y más participativas, brindando al pueblo la oportunidad de elegir a los mejores ciudadanos y ciudadanas para dirigir los destinos del país, situación que no se dio en las últimas elecciones.


Hacemos extensiva la solicitud de que se incluya en la comisión a todas las instituciones de la sociedad civil panameña interesadas en hacer propuestas que ayuden al país a avanzar de una democracia formal a una democracia participativa y con justicia social, como es el caso de FRENADESO y CASA, que han expresado su interés por el proceso político.


Finalmente, les expresamos nuestra preocupación porque en las diversas declaraciones realizadas por ustedes a los medios de comunicación no incluyen en la agenda de la Comisión el tema de la cantidad y procedimientos para la obtención de adherentes para la inscripción de nuevos partidos políticos y candidaturas independientes, incluida ahora la libre postulación a la Presidencia de la República.. Consideramos que ese es uno de los grandes temas a resolver, pues los criterios imperantes a este respecto son excluyentes y antidemocráticos, hechos que no se ajustan a la realidad internacional.



Sin otro particular,



Prof. Olmedo Beluche
Secretario General

Prof. Raúl González
Subsecretario General

Sr. Javier Víquez
Secretario de Organización

Sr. Jorge González
Secretario de Formación