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sábado, 20 de noviembre de 2010

LIBRE POSTULACIÓN PRESIDENCIAL Y DEMOCRACIA EN PANAMÁ

En respuesta al Presidente Ricardo Martinelli
(Extracto de intervenciones del  vocero del P.A.P. en Comisión de Reformas Electorales los días 11 y 18 de noviembre de 2010)
 
Olmedo Beluche, Partido Alternativa Popular en Formación: Nosotros queremos, en primer lugar, rebatir las consideraciones de la representante del Partido Popular, la doctora Teresita Yániz,  en el sentido de que un cacique millonario pueda usar la libre postulación presidencial a su favor. El sistema actual garantiza, querámoslo o no, a cualquier plutócrata del país, a cualquier millonario, participar del proceso electoral, y no necesita la libre postulación presidencial para colarse y hacer sus partidos e imponer sus candidatos. 
Eso es lo que hemos estado viviendo durante los últimos veinte años.  En nuestro país, la gente con  poder económico se crea sus propios partidos políticos. Esa ha sido la tradición, la gente con poder económico, como hemos visto en esta misma Mesa también compra y financia a los candidatos a diputados, a candidatos a representantes y alcaldes del país, porque con las excesivas cantidades de dinero que se permite a nivel del financiamiento privado, lo que se garantiza es la plutocracia y el control del dinero.
Así que nosotros rechazamos formalmente que se pretenda establecer limitaciones, trabas a la libre postulación presidencial en función de un argumento que el actual sistema político  no garantiza, sino todo lo contrario.  Lo que queremos es que este sistema político controlado por el poder económico en el país, se abra a la participación de los sectores populares.  Si un millonario mañana decide tirarse por la libre, es posible que lo pueda hacer en este sistema político, pero no necesita la libre postulación presidencial.  Para eso puede inscribir su partido, y en estos últimos veinte años se han inscrito muchos partidos en ese sentido y se han comprado muchos candidatos. 
El tema del control de las firmas por parte del Tribunal Electoral, la forma como está señalado es una falacia porque el Tribunal Electoral siempre coteja las firmas como quiera que se presenten éstas, siempre se va a un escaneo, a una revisión de las firmas que hace el Tribunal Electoral  que presentan los candidatos. 
Y quiero recordar que en las elecciones del 2009 ya los candidatos por libre postulación tuvieron la oportunidad de ellos mismos administrar los libros en donde se inscribían los adherentes, para después ser revisados por el Tribunal Electoral.  Y fíjense que aquí  el problema de la relación, tiene que ver también con la cantidad de adherentes que se exige, porque cada traba de éstas, aumenta la traba que es el número de adherentes que se exige aquí, que es la traba mayor, el mayor obstáculo de todos. 
Frente a la propuesta que se ha hecho y que algunos partidos en esta Mesa han levantado que, supuestamente debe haber “igualdad de condiciones” para los candidatos presidenciales por la libre, igual que los candidatos presidenciales de los partidos, queremos decir que eso es otra falacia y es todo lo contrario de lo que se está proponiendo.  La igualdad que nosotros reconocemos es la que exige la Constitución Política del país, es decir, que un candidato por la libre sea panameño de nacimiento, mayor de 35 años y no haya sido sancionado penalmente.
Pero, en cuanto a los adherentes la igualdad es justamente la desigualdad. 
Si en las condiciones actuales para inscribir un partido se le exige el 4% de la última elección, y eso equivale a 63,500 firmas, y un partido tiene cinco años para inscribirse, es decir, 60 meses, quiere decir que un partido tendría la posibilidad de inscribir en promedio 1,058 firmas por mes.
Pero si un candidato por la libre postulación presidencial se le exige la misma cantidad de 63,500 firmas  para participar en las elecciones y sólo le dan cuatro meses para inscribirse, tendría que hacer un promedio de 15,875 firmas por mes para  cumplir ese requisito, es decir, unas condiciones 15 veces peores que las de un partido político con el 7% del tiempo que tiene un partido político para inscribirse.
Si se adopta la cifra del 2% que se estuvo manejando en la última ocasión, serían 31,750 firmas que se exigirían a un partido que, divididas en 60 meses le da apenas a 529 firmas por mes, pero a un candidato presidencial por la libre que se postule y al que sólo se le dan cuatro meses, se le obligaría a inscribir 7,937 firmas por mes. 
Si se adopta el criterio del 1% tendremos que el total sería 15,875 firmas  que en 60 meses a un partido apenas tendría que inscribir 264 firmas por mes.  Pero un candidato por la libre a la Presidencia sólo tendría cuatro meses y por ende, tendría que inscribir 3,969 firmas por mes en esos cuatro meses. 
En todas las condiciones, la supuesta igualdad de la cantidad de firmas que se pide, es lo contrario de lo que se argumenta en esta Mesa; es un obstáculo y una diferencia contra los candidatos de libre postulación, y es una medida antidemocrática y por eso la rechazamos. 
Pese a que lo justo sería promediar esa cantidad de firmas por mes que tienen los partidos políticos en los cuatro meses que tiene el candidato por la libre, y entonces, si se usara el criterio del 4% el candidato debería inscribir en total en los cuatro meses 4,232 firmas.  Si se usa el criterio del 2% debería inscribir en promedio  2,116 firmas, y si se usa el criterio del 1% tendría que inscribir en promedio en los cuatro meses 1,056 firmas para ser equivalentes de verdad con los partidos políticos, eso sí sería de justicia, esa sí sería la equivalencia matemática clara, ese sería el criterio.
Nosotros, el Partido Alternativa Popular ha hecho una propuesta que no es de las 1,056 firmas, es el 0,5% de la última votación, el medio punto, lo que significa 7,500 firmas aproximadamente, y creemos que esa es la propuesta democrática que queremos defender y seguir sustentando ante esta Mesa, ante ustedes, y repudiar esos argumentos que lo que pretenden es poner más obstáculos. 
Nosotros seguimos sugiriendo que las firmas de adherentes se recojan en  listado simple y sean cotejadas contra la Base de Datos del Tribunal Electoral, y eso no hace óbice para que un plutócrata de este país pueda seguir postulándose al gobierno, postular diputados y seguir controlando las licitaciones que hace el Órgano Ejecutivo en el país porque controlan la política con su dinero.  Lo que queremos es la apertura del sistema para que sectores populares podamos participar democráticamente en las elecciones del 2014.
Nosotros queremos reiterar en esta ocasión lo mismo que hemos dicho cuando presentamos la propuesta que se está discutiendo, sobre la reglamentación de la libre postulación presidencial, una conquista que hemos logrado en el 2009 reconociendo finalmente, después de veinte años del régimen democrático en Panamá, que todos los ciudadanos tienen derecho a postularse, inclusive, mediante la libre postulación, derecho que está consagrado en la Constitución del país.
Nosotros hemos señalado que el principal problema del sistema político panameño, llamado democrático, es que es un sistema político excluyente, en el que solamente los sectores adinerados con capacidad económica en este país, pueden participar del sistema electoral, de las postulaciones y de las elecciones a nivel nacional.
La posibilidad de que una reglamentación democrática de la libre postulación presidencial se dé en esta Sala, va a permitir que los diversos sectores populares,  podamos por primera vez en 20 años de democracia en nuestro país, participar de los procesos electorales, y eso es lo que estamos exigiendo y le pedimos a esta Comisión que apruebe y que apoye en este momento.  Todos sabemos que una reglamentación exagerada en requisitos, puede anular un derecho que consagra la Constitución del país, y que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia y que en la ley electoral ya no puede seguir negando a los panameños y panameñas.
Nosotros exigimos que no puede ponerse como requisito de inscripción de un candidato por libre postulación a la Presidencia de la República, los mismos criterios que se exigen para inscribir un partido político, porque un partido político tiene cinco años para inscribirse y un candidato por la libre, solamente tiene dos meses para hacerlo. 
Los comisionados pueden hacer el ejercicio de tomar el lápiz que tienen a su mano derecha, y multiplicar 5 por 12 meses que tiene el año, y podrán ver que les da en cinco años, 60 meses para inscribir un partido político.  Si dividimos 63,500 firmas que se exigen hoy  para inscribir un partido político en Panamá, el equivalente al 4% de la última votación, tendríamos que los partidos políticos tienen para inscribir en promedio 1,058 firmas mensuales durante esos cinco años, para lograr la meta que la ley exige.
 
Nosotros, el Partido Alternativa Popular hemos denunciado que esa es una meta exagerada, que el 4% es demasiado con respecto a lo que se pide en diversos países de América Latina, que es un obstáculo para la participación y la inscripción de nuevos partidos políticos y de nuevas alternativas; y que eso se evidenció en las elecciones de 2009, donde “de facto” solamente hubo dos candidatos o dos alternativas que se le presentaron al electorado, y eso es un desastre para la democracia y para cualquier democracia.
Entonces, compañeros Comisionados, si ustedes toman el lápiz, el papel y tienen que, en 60 meses un partido tiene para inscribir 63,500 firmas y lo dividen, esa cantidad les da un promedio de 1,058 firmas por mes en cinco años.  ¿Por qué se le va a exigir a un candidato por libre postulación presidencial también el 4% de las firmas para poder inscribirse?  Eso sería un absurdo, exagerado, antidemocrático y un obstáculo para la participación democrática.
En dos meses o tres meses de inscripción, en realidad, a un candidato por la libre habría que exigirle 3,175 firmas nada más, que es el 0,25%.  Nosotros, para que no se diga que somos exagerados, hemos pedido apenas el 0,5% que equivale a 7,500 firmas en este momento. 
 La decisión que tiene que tomar esta Comisión es responder a la pregunta de si va a abrir o no la puerta a la participación de otros sectores sociales y políticos en el país que han estado excluidos hasta ahora de la participación electoral.  Esa es la decisión que ustedes tienen en sus manos, y no colocar más obstáculos y más trabas para que otros sectores no podamos participar. 
Aquí se utilizaron en la última sesión argumentos falaces como decir que el problema  es que no tenemos simpatías populares.  Quien dice esto, no conoce las encuestas electorales, y puede encontrar fácilmente, consultando las encuestas electorales como la de IPSOS del diario El Panamá América, que el profesor Juan Jované cuenta con aval de un 16 % del electorado, que quisiera que fuera un candidato presidencial en el 2014.
Entonces, la pregunta es si ustedes van a cerrar la puerta a la participación poniendo una traba artificial más, o van a permitir que se pueda participar democráticamente en las elecciones.  Ese es el punto que queríamos recalcar para abrir la discusión, Magistrado.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Informe sobre Reformas Electorales

El presente informe aborda la situación de lo acordado hasta ahora en la Comisión de Reformas Electorales (CNRE) convocada por los magistrados del Tribunal Electoral y compuesta por los 6 partidos constituidos, los 4 votos del Foro Ciudadano, y un grupo de organizaciones con derecho a voz, como es el caso de nuestro partido en formación, Alternativa Popular, FRENADESO, mujeres de partidos políticos, etc.

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Para evitarnos confusiones y falsas expectativas, queremos iniciar diciendo taxativamente que, a nuestro juicio, NO HAY AVANCES SIGNIFICATIVOS HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL.

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En ninguno de los aspectos medulares se ha logrado una mejora que permita asegurar o facilitar la participación de nuevos actores políticos, en particular de quienes provenimos de los movimientos sociales, en las próximas elecciones de 2014. Antes por el contrario, siguen LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ACTUALES PARTIDOS CONSTITUIDOS Y EL PODER DEL DINERO SOBRE LA POLÍTICA PANAMEÑA.

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Todo lo que el Tribunal Electoral, los partidos actuales y sectores empresariales del Foro Ciudadano consideran “avances” en realidad son cambios cosméticos o menores, que no van en la profundidad que la ciudadanía aspira y mucho menos de quienes, desde los sectores populares, queremos presentar verdaderas alternativas de cambio en 2014.

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Empecemos por lo medular, el principal obstáculo para inscribir partidos políticos nuevos es la exagerada y antidemocrática cuota del 4% de adherentes (63,500) para reconocer un partido político nuevo. Porcentaje que ya hemos demostrado es el más alto del continente.

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Como hemos informado anteriormente, el Partido Alternativa Popular, en asocio con CONATO y FRENADESO, sustentamos en la CNRE que ese porcentaje de adherentes debía ser, cuando mucho, equivalente al 1% del padrón electoral. El Foro Ciudadano y el Partido Popular aprobaron por mayoría que la reducción sea al 2%, es decir, una cifra cercana a los 33,000 adherentes, la cual se puede considerara un avance relativo, aunque aún se mantiene alto. Sin embargo, en dicha votación no participó el PRD y votaron en contra los cuatro partidos oficialistas, quienes tienen el control de la Asamblea de Diputados, en la cual pueden imponer su criterio de que todo quede igual.

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Respecto a los altos costos de la inscripción, como transporte, alimentación y viáticos, el Partido Alternativa Popular propuso un subsidio otorgado y controlado por el TE, lo cual fue rechazado por los partidos actuales, los cuales sí cobran su respectivo subsidio, antes y después de las elecciones.

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Del conjunto de propuestas hechas por el PAP al Título III del Código Electoral, la única notable que fue aceptada es la que permite a los partidos en formación sacar libro de inscripción estacionarios once meses al año, privilegio exclusivo de los partidos constituidos al día de hoy.

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Pero se mantiene la actual depredación de adherentes entre partidos, permitiendo que las personas se inscriban en más de un partido el mismo año y, por supuesto, apelando al actual sistema clientelista, no escrito pero practicado comúnmente de ofrecer puestos públicos y otros favores a cambio de la firma.

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Otro aspecto significativo son los gastos electorales provenientes de donaciones privadas a las campañas de candidatos y partidos, en la que se presenta como supuesto logro que se haya establecido, por consenso, un tope del 30%, respecto del financiamiento público que paga el Tribunal Electoral. En la actualidad no existen topes a los gastos, ni a las donaciones privadas.

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La estimación del Tribunal Electoral es que en 2014 el monto del financiamiento público será de 54 millones de balboas. Por ende, cada candidato presidencial podrá gastar de fuentes privadas hasta 15 millones de balboas, es decir, 15% por tantos candidatos como se presenten a las elecciones, más lo que les toque del financiamiento público.

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Si fueran tres candidatos presidenciales, como en 2009, tenemos que 15 por 3 son 45 millones, más 54 millones del financiamiento público, da un total de 99 millones de balboas, sin contar los gastos de los candidatos a los otros puestos de elección popular, para los cuales se fijaron topes menores, pero igualmente cuantiosos.

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En este asunto la única voz discordante fue la del Partido Alternativa Popular que, reconociendo que es un avance el establecimiento de un tope, éste sigue siendo tan alto como en las elecciones de 2009, lo cual implica el predominio del dinero sobre las campañas electorales, dando pie a las disparidades con candidatos que puedan provenir de sectores populares, quienes no tendrán esas cifras multimillonarias, además de ser fuente de corrupción, que sustituye la verdadera democracia por la plutocracia.

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El PAP se pronunció a favor de un sistema que esté sólo regido por el financiamiento público y, por ende, claro y fiscalizable ante la ciudadanía.

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Relacionado con esto están los montos de donaciones que puede hacer una persona natural o jurídica a la campaña de un partido o candidato. En este caso el PAP ha propuesto que el monto de estas donaciones no debería exceder de 10,000 balboas, por cuanto es la cifra a partir de la cual las entidades financieras exigen un control de la proveniencia de los fondos y por ser el límite reconocido por el propio Código Electoral para ser deducible de impuestos. Además de ser fuente de corrupción y de compromisos espúreos de los candidatos con intereses particulares.

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En este tema el Tribunal Electoral propuso un tope de donaciones a las candidaturas presidenciales de 15,000 balboas por persona (una cifra menor para diputados, alcaldes y representantes), en base al promedio de donaciones recibidas en 2009, según informaron los partidos. Sin embargo, en el debate se reconoció que el promedio es engañoso, ya que algunas personas naturales y jurídicas concentraban el grueso de los 25.5 millones donados a candidaturas presidenciales en 2009, de los 2.4 millones donados a candidatos a diputados y los 287,000 balboas donados a alcaldes. Y no está claro que se haya reportado todo lo recibido.

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Al respecto el Foro Ciudadano se mostró acorde con un criterio cercano al propuesto por el TE, pero los partidos Panameñista y CD se mostraron en contra de cualquier tope, y el resto de los partidos pidieron tiempo para discutir aduciendo no tener criterio. Por lo cual no se aprobó.

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Otro aspecto clave para garantizar o no la equidad en las campañas electorales es el relativo a los medios de comunicación. A este respecto el Partido Alternativa Popular ha sostenido que los costos de la publicidad electoral están asociados al alto costo de las campañas electorales y son una fuente de disparidad, ya que el no tiene para pagarla no puede mostrar su candidatura y sus propuestas y el que tiene dinero vende su oferta electoral como cualquier producto comercial. Por ello, hemos propuesto que se use un sistema como el ejecutado recientemente en México, en el que el TE contrate con los medios directamente los espacios de publicidad político electoral y luego los reparta equitativamente entre todos los candidatos y partidos.

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Al respecto los medios televisivos han presentado una propuesta de seis puntos, buena para los magistrados, en el que se comprometen a no aumentar las tarifas respecto al año anterior, hacer rebajas del 30% en las mismas, no permitir el traspaso de espacios publicitarios entre empresas y candidatos, etc. Pero se expresaron a favor de un sistema de “libre contratación” y no de un acuerdo exclusivo con el TE por el conjunto del espacio publicitario. Para peor, los medios escritos y radiales han expresado su completa oposición a cualquier control en nombre de la “libre empresa”. Los partidos y el FORO vieron con buenos ojos la propuesta de las televisoras, pero el tema no se ha votado.

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Resumiendo, ni habrá una rebaja sustancial en la cantidad de adherentes, ni tampoco en la forma que se recogen, ni habrá controles que garanticen una equidad respecto a la plutocracia imperante. Los únicos cambios aprobados son menores y no cambian la sustancia del actual Código Electoral antidemocrático.

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Quedan aún por discutirse aspectos importantes como la libre postulación presidencial pero se espera que el monto de adherentes que se exigirá será el mismo que para inscribir un partido político. También están pendientes: circuitos pluri y uni nominales, forma de conteo del voto para asignación de curarles, diputados nacionales o circuitales, etc.

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Finalmente exhortamos al conjunto del movimiento popular y obrero panameño, en particular a quienes han expresado su interés de que en 2014 existan alternativas concretas a las propuestas oligárquicas a tomar el tema de la reforma electoral como uno de los temas importantes del debate político nacional. Apreciamos en las sesiones de la CNRE y del Foro Ciudadano una disminución del entusiasmo inicial que expresaron sectores sindicales vinculados a CONATO y FRENADESO. Es necesario que se escuchen otras voces sociales, y no sólo la del P.A.P., en este asunto crucial para el futuro de la democracia panameña.

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Prof. Olmedo Beluche

Secretario General del PAP

Representante principal en la CNRE

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Panamá, 6 de septiembre de 2010.

lunes, 8 de marzo de 2010

Propuestas de Reformas al Título III del Código Electoral sobre Partidos Políticos

En atención al acuerdo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales del pasado 4 de marzo del presente, presentamos las propuestas de modificación a los artículos que componen el Título III del Código Electoral, para que sean consideradas por tanto por los miembros de la CNRE, como por el Foro Ciudadano y por la ciudadanía en general:

1. Artículos 40 y 41 (sobre definición partido político):

Sostenemos que deben permanecer tres principios: A. que son entidades públicas, B. que existen si perjuicio del derecho a la libre postulación (como establece la Constitución Política); C. que uno de sus objetivos (además de la defensa de las instituciones democráticas) es la “defensa de la soberanía nacional” (tal y como está ahora).

2.
Artículo 43: (Requisitos para inscribir un partido político)

Parágrafo 1: Proponemos que se baje de 1,000 a 100 el número de firmas de ciudadanos para solicitar la inscripción de u nuevo partido político.

Parágrafo 4: proponemos que se baje el requisito del 4% de firmas de adherentes (votos válidos última votación) a la cifra de 3,000 adherentes (siguiendo el modelo de Costa Rica) o en su defecto una cifra que no exceda del 1%.

Justificación: la cantidad de adherentes que se exige en Panamá es la más alta del continente, es antidemocrática y la misma impide que surjan nuevos partidos y ofertas electorales. En Colombia el porcentaje que se pide es inferior al 0.4%; en México es inferior al 0.2%; en Costa Rica, que es la democracia más antigua de Centroamérica y con una población semejante a Panamá sólo se piden 3,000 adherentes.

3.
Artículo 49: (requisitos sobre memorial de certificación residencia para solicitar nuevo partido):

Parágrafo 5: proponemos que se eliminen o expida las CERTIFICACIONES DE RESIDENCIA el Tribunal Electoral, ya que en este momento la expiden Alcaldes y Corregidores que, si son de partidos contrarios, las bloquean y retardan, lo cual le sucedió al P.A.P.

4.
Artículo 56: (Cuando aparecen dos partidos con el mismo nombre):

En el segundo párrafo, cuando se señala el criterio de los magistrados para decidir cuál reconoce, debe agregarse que tiene prioridad el que entregó su documentación primero en el tiempo.

5. Artículo 58: (sobre inscripciones de adherentes):

Parágrafo 1: Debe haber igualdad de condiciones entre partidos en formación y partidos constituidos, ya que la redacción actual otorga a los partidos en formación libros estacionarios (en la calle) sólo 4 meses al año; mientras que el artículo 74 autoriza a los partidos constituidos a mover sus libros durante todo el año.

Parágrafo 2: es un derivado del anterior y obliga a que durante 7 meses del años el partido en formación no puede sacar libros a la calle y sólo puede inscribir en las oficinas del TE.

Además proponemos que existan LIBROS MÓVILES, tal y como el TE autorizó en las elecciones de 2009 a los precandidatos por libre postulación (precedente reciente) y como se hacía durante la década de los 80 (precedente anterior).

Otra variante, utilizada en algunos países, es que los partidos recojan las firmas de los adherentes en listas confeccionadas por el propio partido en formación o por el Tribunal Electoral (semejante al memorial que ahora mismo se utiliza en las primeras mil firmas de solicitud para iniciar un partido), y luego las firmas y los datos se cotejen contra la base de datos del T.E. para determinar su veracidad (tal y como se hace con los iniciadores de partidos nuevos).

6. Artículo 70: (sobre inscripción partidos)

Al igual que en artículo 58 sólo habla de libros estacionarios, proponemos que agregue la opción de LIBROS MÓVILES, LO CUAL YA AUTORIZARON LOS MAGISTRADOS EN 2009 A LOS DE LIBRE POSTULACIÓN, o el sistema de listas que hemos descrito arriba..

7. Artículo 78: (sobre cuántas veces puede firmar un ciudadano en partidos distintos):

La redacción indica que un ciudadano/a no puede firmar en más de un partido en formación a lo largo de un año, pero esta redacción excluye a los partidos constituidos. La norma debe ser igual para todos. El parágrafo 2 del Artículo 83 así lo establece, pero en el artículo 78 la redacción es confusa.

8. Artículo 97: (sobre los derechos de los partidos políticos):

Parágrafo 13: establece el derecho de los partidos constituidos a recibir financiamiento público del TE, proponemos que este derecho se haga extensivo a los PARTIDOS EN FORMACION (a ser reglamentado posteriormente). Si se acepta debe modificarse el artículo 68, parágrafo 1, para que se incluya.

9. Artículos 114 y 116 (sobre extinción partidos):

Si se modifica el requisito de cantidad de adherentes (4% ahora) para formar un partido se requiere modificar los artículos 114 y 116 en el mismo sentido.

10. Artículo 120 (sobre el Consejo Nacional de Partidos Políticos):

Proponemos que se modifique para incluir al Foro Ciudadano Pro reformas Electorales, en representación de la sociedad civil, con cuatro representantes, tal y como está ahora conformada la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

Aprobado por el Comité Ejecutivo del Partido Alternativa Popular

Prof. Olmedo Beluche
Representante legal


Panamá, 8 de marzo de 2010

martes, 2 de febrero de 2010

Informe sobre participación del P.A.P. en la Comisión de Reformas Electorales

1. El 14 de enero se instaló la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) cuyo objetivo es revisar y reformar el Código Electoral. La CNRE es convocada por el Tribunal Electoral (TE), que la preside. La CNRE es un logro democrático, que se da en pocos países, aunque sus alcances son limitados tanto por su composición, controlada por los partidos políticos legales, como por la Asamblea Nacional de Diputados, por cuyo tamiz deben pasar las reformas. En los últimos períodos el Tribunal Electoral ha invitado a participar a organizaciones de la sociedad civil y le ha reconocido derecho a voto en la CNRE. En esta ocasión se ha creado el Foro Ciudadano pro Reformas Electorales que tiene 4 votos. Los partidos legales tienen seis votos.

2. El Partido Alternativa Popular, como partido en formación, ha sido invitado a participar de la CNRE con derecho a voz
. En un comunicado que repartimos el día de su instalación señalamos que acudimos a la CNRE optimistas y expectantes de que sus miembros estén dispuestos a asumir la profundidad de reformas que el país reclama y que pusieron en evidencia las irregularidades acontecidas durante las elecciones de 2009. El P.A.P. espera de la CNRE una reforma que en verdad democratice el sistema electoral panameño rompiendo el monopolio de partidos y los políticos tradicionales, permitiendo que otros sectores sociales y políticos podamos hacer efectivo el derecho constitucional de participar.


3. Desde antes que se reuniera la CNRE el Comité Ejecutivo de P.A.P. resolvió trabajar en común con los componentes del Foro Ciudadano en busca de acuerdos entorno a las reformas, las cuales van desde bajar la cuota de adherentes y la forma de recolectar las firmas, el financiamiento de los partidos, el acceso a los medios de comunicación, etc.

4. En este primer comunicado podemos informar que la participación del P.A.P. en las sesiones de la CNRE ha sido exitosa. El P.A.P. se ha convertido en la voz de los sectores populares dentro de la CNRE, participando con propuestas sustentadas siempre con razonamientos lógicos y bases jurídicas y democráticas.

5. En asocio con el Foro Ciudadano, el PAP desde la primera sesión se opuso, y logró que se modificara, el artículo 5 del Reglamento de la CNRE que daba más tiempo de palabra a las organizaciones con derecho a voto, logrando igualdad de condiciones para las organizaciones con derecho a voz. A iniciativa nuestra se modificó una frase del art. 6 del Código que hacía del voto una obligación, para nosotros la abstención es un recurso legítimo de la ciudadanía para castigar al sistema político. En el mismo sentido, propusimos eliminar el artículo 20 que autoriza a sacar del padrón a los ciudadanos que no hayan votado en tres elecciones consecutivas. Aunque los cuatro votos del Foro se expresaron en consonancia con esta idea, en este caso el bloque de los partidos legales mantuvo el cuestionado artículo que tiene trazos de inconstitucionalidad. Esperamos que en las próximas sesiones se aborde el tema de los requisitos para inscribir partidos políticos nuevos, donde sostendremos nuestra conocida postura por reducir el número de adherentes al mínimo de 3,000, al igual que en Costa Rica.


Equipo del P.A.P. en la CNRE
1 de febrero de 2010


domingo, 4 de octubre de 2009

Balance de los 100 días de Martinelli: ¿El cambio dónde está?

Se han cumplido los primeros cien días del gobierno de la Alianza por el Cambio, presidida por Ricardo Martinelli, plazo establecido por ellos mismos para mostrar al país un gobierno diferente a los anteriores. Pero la pregunta que empieza a hacerse por todos lados es: ¿Y el cambio dónde está?


¿En qué ha mejorado la vida del pueblo panameño en estos cien días? En absolutamente NADA. ¿Acaso hay mayor seguridad y menos delincuencia? No, la situación está peor. ¿Se han congelado los precios de la canasta básica y aumentado los salarios? ¡Por supuesto que no! ¿Mejoró el transporte público? Tampoco. ¿La salud pública y la educación han recibido un impulso hacia una mayor cobertura y calidad? ¡Qué va!


Si bien el gobierno empezó con algunas acciones “espectaculares” contra los eternos privilegiados que no pagan impuestos (Zona Libre de Colón) y los que se burlan de las concesiones estatales (como Figali en Amador), pronto rebajó considerablemente sus exigencias y quedó claro que sólo persigue aumentar los impuestos para pagar deuda a los bancos. ¿En qué quedó la promesa de nacionalizar los Corredores Norte y Sur?


Las reformas tributarias implementadas, que afectan más a la clase media que a los verdaderos oligarcas, reflejan la doble moral del actual gobierno: bajó los aranceles de importación de ciertos productos para beneficio de los importadores, como los Supermercados 99 y la Nestlé, pero afectando a los productores y ganaderos de las provincias centrales; aumentó el impuesto al tabaco, pero dejó por fuera a los licores, para no dañar los negocios del vicepresidente Juan C. Varela.


El único programa social que puede presentar el actual gobierno como un logro nuevo es el de “100 a los 70” (demasiado poco y demasiado tarde para la mayoría de nuestros ancianos), pero a costa de haber paralizado los cuatro principales programas sociales del MIDES, entre ellos, la Red de Oportunidades.


Ni siquiera en el combate a la corrupción se aprecia ningún cambio significativo, pues el único que ha pagado los platos rotos es el más limpio de los ex ministros de Torrijos, Belgis Castro, mientras que los que se hicieron millonarios siguen por ahí. Y, por el contrario, ya empezaron a estallar los primeros escándalos de corrupción en el nuevo gobierno, destacándose el flamante alcalde norteamericano de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino, y los millones en contrataciones directas sin licitación.


El pueblo panameño, que tiene 20 años esperando la resolución de sus problemas, no le concedió a este gobierno los cien días de tregua que pedía. En este lapso se han producido múltiples luchas y movilizaciones, desde los docentes de las áreas de difícil acceso a los estudiantes del IPT de Colón, el Instituto Nacional y la Facultad de Derecho; las comunidades de Isla Colón a los trabajadores de Puerto Armuelles; los transportistas de la ciudad de Panamá y la gente de Panamá Oeste defendiendo el transporte “pirata”; desde los indígenas Naso a las comunidades campesinas contra las minas y embalses.

A todas estas demandas populares la única respuesta del gobierno ha sido la REPRESIÓN y las amenazas. Ninguna solución.


En política exterior el retroceso ha sido mayor: volvimos a la época del “protectorado yanqui” y del “yesman” hacia Washington. Los viajes faraónicos a Italia y Estados Unidos lo único que han traído es la posibilidad de reeditar las bases militares que el pueblo panameño sacó en 1999, luego de casi cien años de luchas.


El colmo ha sido el respaldo expresado por el Canciller – Vicepresidente Varela a los golpistas hondureños rompiendo la unidad latinoamericana en la exigencia de restitución del legítimo presidente, Manuel Zelaya. Como sólo tienen ojos para el “norte”, se pretende sacarnos de la integración centroamericana, atacando al Parlacen, en vez de proponer una reforma del organismo.


En fin, como ya advertimos desde la campaña presidencial, tanto el Partido Alternativa Popular, como el Comité “Jované Presidente”, estamos ante un gobierno oligárquico que trabaja para sus intereses y no para el pueblo panameño.


Peor aún, estamos ante un gobierno abiertamente racista, por su composición y actitudes, cuya excepción que confirma la regla es la ministra Lucy Molinar, cuyo “mérito” es su obediencia al Opus Dei. El racista más descarado es el ministro de Gobierno, José R. Mulino, que ha hecho declaraciones despectivas frente a un grupo de indocumentados somalíes y ha ordenado la detención y desalojo de los nasos que acampaban en la Plaza Catedral porque “afeaban” el lugar.


Por el lado del PRD la situación no está mejor, ya que la crisis interna y las denuncias públicas del caso CEMIS y del negociado de los casinos, ha llevado al pacto de los cuatro: Navarro, Pérez Balladares, Torrijos y Balbina Herrera. Los que esperaban cambios y “rectificación torrijista” se han quedado decepcionados.


Pero en estos cien días sí ha empezado a cambiar algo: ha empezado el proceso de inscripción del Partido Alternativa Popular, la esperanza de una verdadera transformación política y social, con el Prof. Juan Jované a la cabeza. Centenares de personas cada semana se suman a los adherentes de este nuevo partido político expresando su voluntad política de que haya una alternativa popular, independiente, democrática y antineoliberal que gobierne este país.


Y aunque este cambio todavía es incipiente, a la fecha contamos con poco más de 2,500 adherentes, es un paso en la dirección correcta: construir un partido político nuevo, que no esté controlado por la oligarquía, los corruptos y los oportunistas, si es que queremos un gobierno diferente y un país renovado donde impere la “justicia social”.


Este compromiso lo hemos asumido concientes de que el Código Electoral panameño es antidemocrático y obsoleto, puesto que es producto de un pacto entre el PRD y el Panameñismo, para controlar eternamente nuestro sistema político impidiendo el surgimiento de nuevas y verdaderas alternativas políticas. Por ello hemos solicitado al Foro de la Sociedad Civil sobre la Reforma Electoral un compromiso que presione por modificaciones profundas y democráticas del Código Electoral.


El Partido Alternativa Popular representa las transformaciones a las que aspira el pueblo panameño porque es el único con el programa de gobierno capaz de resolver los problemas sociales: creando decenas de miles de empleos para nuestra juventud utilizando el dinero de la reducción de salarios de los altos funcionarios públicos (ministros, magistrados y diputados), aumentando el gasto social haciendo inversiones masivas en educación, salud y vivienda, cuyo financiamiento saldrá de impuestos progresivos, donde paguen más los que más ganan; una política de protección e incentivos a la industria y la agricultura; una política de integración regional basada en la complementariedad y el comercio justo; un aumento general de salarios y una congelación de precios de la canasta básica; la nacionalización de empresas de servicio público; y un plan para llevar a todos los menores a la escuela, sacándolos de la calle y de la explotación laboral.

En base a los razonamientos anteriores, la presente Asamblea de Activistas del Partido Alternativa Popular de los distritos de Panamá y San Miguelito, resuelve:


1. Reiterar al pueblo panameño su compromiso de construir el proyecto político para un cambio verdadero al que aspira nuestro país, encabezado por el Prof. Juan Jované.


2. Exhortar a la ciudadanía a respaldarnos con su firma para lograr la inscripción del Partido Alternativa Popular, en especial a los activistas gremiales que han luchado contra 20 años de régimen neoliberal en Panamá.


3. Señalar que en menos de cien días, el gobierno presidido por Ricardo Martinelli ha demostrado que no representa ningún cambio de fondo, sino “más de lo mismo”, no ha resuelto ninguno de los problemas que aquejan al país y ha sido tibio frente a la corrupción, mientras la inflación, el desempleo y la delincuencia siguen flagelando al pueblo panameño. La única respuesta que han recibido las demandas populares es la represión.


4. Expresar nuestro respaldo y participación en la Marcha indígena procedente de San Félix y sus demandas, exigiendo la libertad inmediata de los dirigentes del pueblo NASO injustamente arrestados en Catedral, apoyando la lucha por su derecho a la tierra y a ser consultados y decidir sobre cualquier proyecto que les afecte, así como a la protección de nuestras riquezas naturales frente a la depredación que significan las mineras y proyectos hidroeléctricos incontrolados.


5. Respaldar y acompañar todas las luchas populares por una vida más justa, desde los trabajadores de Puerto Armuelles que exigen el pago de sus salarios, hasta las comunidades de Bocas del Toro que demandan servicios públicos, pasando por Arraiján y Chorrera que exigen transporte, a los docentes y estudiantes que demandan una educación eficiente y de calidad, a los trabajadores de la salud frente a todo intento de privatización, etc.


6. Rechazar cualquier imposición de bases militares extranjeras en nuestro territorio y en países vecinos, como Colombia, así sea que se las pretenda disfrazar de “combate al narcotráfico”. Los Mártires hablaron claro: ¡BASES NO!


7. Repudiar las declaraciones del Vicepresidente, Juan C. Varela, apoyando a los golpistas hondureños, y reiterar nuestro respaldo a ese pueblo hermano en su lucha por la restitución de la democracia y del presidente legítimo Manuel Zelaya.



Dado en la ciudad de Panamá, a los tres días del mes de octubre de 2009.


ASAMBLEA DE ACTIVISTAS DEL PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR