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sábado, 20 de noviembre de 2010

LIBRE POSTULACIÓN PRESIDENCIAL Y DEMOCRACIA EN PANAMÁ

En respuesta al Presidente Ricardo Martinelli
(Extracto de intervenciones del  vocero del P.A.P. en Comisión de Reformas Electorales los días 11 y 18 de noviembre de 2010)
 
Olmedo Beluche, Partido Alternativa Popular en Formación: Nosotros queremos, en primer lugar, rebatir las consideraciones de la representante del Partido Popular, la doctora Teresita Yániz,  en el sentido de que un cacique millonario pueda usar la libre postulación presidencial a su favor. El sistema actual garantiza, querámoslo o no, a cualquier plutócrata del país, a cualquier millonario, participar del proceso electoral, y no necesita la libre postulación presidencial para colarse y hacer sus partidos e imponer sus candidatos. 
Eso es lo que hemos estado viviendo durante los últimos veinte años.  En nuestro país, la gente con  poder económico se crea sus propios partidos políticos. Esa ha sido la tradición, la gente con poder económico, como hemos visto en esta misma Mesa también compra y financia a los candidatos a diputados, a candidatos a representantes y alcaldes del país, porque con las excesivas cantidades de dinero que se permite a nivel del financiamiento privado, lo que se garantiza es la plutocracia y el control del dinero.
Así que nosotros rechazamos formalmente que se pretenda establecer limitaciones, trabas a la libre postulación presidencial en función de un argumento que el actual sistema político  no garantiza, sino todo lo contrario.  Lo que queremos es que este sistema político controlado por el poder económico en el país, se abra a la participación de los sectores populares.  Si un millonario mañana decide tirarse por la libre, es posible que lo pueda hacer en este sistema político, pero no necesita la libre postulación presidencial.  Para eso puede inscribir su partido, y en estos últimos veinte años se han inscrito muchos partidos en ese sentido y se han comprado muchos candidatos. 
El tema del control de las firmas por parte del Tribunal Electoral, la forma como está señalado es una falacia porque el Tribunal Electoral siempre coteja las firmas como quiera que se presenten éstas, siempre se va a un escaneo, a una revisión de las firmas que hace el Tribunal Electoral  que presentan los candidatos. 
Y quiero recordar que en las elecciones del 2009 ya los candidatos por libre postulación tuvieron la oportunidad de ellos mismos administrar los libros en donde se inscribían los adherentes, para después ser revisados por el Tribunal Electoral.  Y fíjense que aquí  el problema de la relación, tiene que ver también con la cantidad de adherentes que se exige, porque cada traba de éstas, aumenta la traba que es el número de adherentes que se exige aquí, que es la traba mayor, el mayor obstáculo de todos. 
Frente a la propuesta que se ha hecho y que algunos partidos en esta Mesa han levantado que, supuestamente debe haber “igualdad de condiciones” para los candidatos presidenciales por la libre, igual que los candidatos presidenciales de los partidos, queremos decir que eso es otra falacia y es todo lo contrario de lo que se está proponiendo.  La igualdad que nosotros reconocemos es la que exige la Constitución Política del país, es decir, que un candidato por la libre sea panameño de nacimiento, mayor de 35 años y no haya sido sancionado penalmente.
Pero, en cuanto a los adherentes la igualdad es justamente la desigualdad. 
Si en las condiciones actuales para inscribir un partido se le exige el 4% de la última elección, y eso equivale a 63,500 firmas, y un partido tiene cinco años para inscribirse, es decir, 60 meses, quiere decir que un partido tendría la posibilidad de inscribir en promedio 1,058 firmas por mes.
Pero si un candidato por la libre postulación presidencial se le exige la misma cantidad de 63,500 firmas  para participar en las elecciones y sólo le dan cuatro meses para inscribirse, tendría que hacer un promedio de 15,875 firmas por mes para  cumplir ese requisito, es decir, unas condiciones 15 veces peores que las de un partido político con el 7% del tiempo que tiene un partido político para inscribirse.
Si se adopta la cifra del 2% que se estuvo manejando en la última ocasión, serían 31,750 firmas que se exigirían a un partido que, divididas en 60 meses le da apenas a 529 firmas por mes, pero a un candidato presidencial por la libre que se postule y al que sólo se le dan cuatro meses, se le obligaría a inscribir 7,937 firmas por mes. 
Si se adopta el criterio del 1% tendremos que el total sería 15,875 firmas  que en 60 meses a un partido apenas tendría que inscribir 264 firmas por mes.  Pero un candidato por la libre a la Presidencia sólo tendría cuatro meses y por ende, tendría que inscribir 3,969 firmas por mes en esos cuatro meses. 
En todas las condiciones, la supuesta igualdad de la cantidad de firmas que se pide, es lo contrario de lo que se argumenta en esta Mesa; es un obstáculo y una diferencia contra los candidatos de libre postulación, y es una medida antidemocrática y por eso la rechazamos. 
Pese a que lo justo sería promediar esa cantidad de firmas por mes que tienen los partidos políticos en los cuatro meses que tiene el candidato por la libre, y entonces, si se usara el criterio del 4% el candidato debería inscribir en total en los cuatro meses 4,232 firmas.  Si se usa el criterio del 2% debería inscribir en promedio  2,116 firmas, y si se usa el criterio del 1% tendría que inscribir en promedio en los cuatro meses 1,056 firmas para ser equivalentes de verdad con los partidos políticos, eso sí sería de justicia, esa sí sería la equivalencia matemática clara, ese sería el criterio.
Nosotros, el Partido Alternativa Popular ha hecho una propuesta que no es de las 1,056 firmas, es el 0,5% de la última votación, el medio punto, lo que significa 7,500 firmas aproximadamente, y creemos que esa es la propuesta democrática que queremos defender y seguir sustentando ante esta Mesa, ante ustedes, y repudiar esos argumentos que lo que pretenden es poner más obstáculos. 
Nosotros seguimos sugiriendo que las firmas de adherentes se recojan en  listado simple y sean cotejadas contra la Base de Datos del Tribunal Electoral, y eso no hace óbice para que un plutócrata de este país pueda seguir postulándose al gobierno, postular diputados y seguir controlando las licitaciones que hace el Órgano Ejecutivo en el país porque controlan la política con su dinero.  Lo que queremos es la apertura del sistema para que sectores populares podamos participar democráticamente en las elecciones del 2014.
Nosotros queremos reiterar en esta ocasión lo mismo que hemos dicho cuando presentamos la propuesta que se está discutiendo, sobre la reglamentación de la libre postulación presidencial, una conquista que hemos logrado en el 2009 reconociendo finalmente, después de veinte años del régimen democrático en Panamá, que todos los ciudadanos tienen derecho a postularse, inclusive, mediante la libre postulación, derecho que está consagrado en la Constitución del país.
Nosotros hemos señalado que el principal problema del sistema político panameño, llamado democrático, es que es un sistema político excluyente, en el que solamente los sectores adinerados con capacidad económica en este país, pueden participar del sistema electoral, de las postulaciones y de las elecciones a nivel nacional.
La posibilidad de que una reglamentación democrática de la libre postulación presidencial se dé en esta Sala, va a permitir que los diversos sectores populares,  podamos por primera vez en 20 años de democracia en nuestro país, participar de los procesos electorales, y eso es lo que estamos exigiendo y le pedimos a esta Comisión que apruebe y que apoye en este momento.  Todos sabemos que una reglamentación exagerada en requisitos, puede anular un derecho que consagra la Constitución del país, y que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia y que en la ley electoral ya no puede seguir negando a los panameños y panameñas.
Nosotros exigimos que no puede ponerse como requisito de inscripción de un candidato por libre postulación a la Presidencia de la República, los mismos criterios que se exigen para inscribir un partido político, porque un partido político tiene cinco años para inscribirse y un candidato por la libre, solamente tiene dos meses para hacerlo. 
Los comisionados pueden hacer el ejercicio de tomar el lápiz que tienen a su mano derecha, y multiplicar 5 por 12 meses que tiene el año, y podrán ver que les da en cinco años, 60 meses para inscribir un partido político.  Si dividimos 63,500 firmas que se exigen hoy  para inscribir un partido político en Panamá, el equivalente al 4% de la última votación, tendríamos que los partidos políticos tienen para inscribir en promedio 1,058 firmas mensuales durante esos cinco años, para lograr la meta que la ley exige.
 
Nosotros, el Partido Alternativa Popular hemos denunciado que esa es una meta exagerada, que el 4% es demasiado con respecto a lo que se pide en diversos países de América Latina, que es un obstáculo para la participación y la inscripción de nuevos partidos políticos y de nuevas alternativas; y que eso se evidenció en las elecciones de 2009, donde “de facto” solamente hubo dos candidatos o dos alternativas que se le presentaron al electorado, y eso es un desastre para la democracia y para cualquier democracia.
Entonces, compañeros Comisionados, si ustedes toman el lápiz, el papel y tienen que, en 60 meses un partido tiene para inscribir 63,500 firmas y lo dividen, esa cantidad les da un promedio de 1,058 firmas por mes en cinco años.  ¿Por qué se le va a exigir a un candidato por libre postulación presidencial también el 4% de las firmas para poder inscribirse?  Eso sería un absurdo, exagerado, antidemocrático y un obstáculo para la participación democrática.
En dos meses o tres meses de inscripción, en realidad, a un candidato por la libre habría que exigirle 3,175 firmas nada más, que es el 0,25%.  Nosotros, para que no se diga que somos exagerados, hemos pedido apenas el 0,5% que equivale a 7,500 firmas en este momento. 
 La decisión que tiene que tomar esta Comisión es responder a la pregunta de si va a abrir o no la puerta a la participación de otros sectores sociales y políticos en el país que han estado excluidos hasta ahora de la participación electoral.  Esa es la decisión que ustedes tienen en sus manos, y no colocar más obstáculos y más trabas para que otros sectores no podamos participar. 
Aquí se utilizaron en la última sesión argumentos falaces como decir que el problema  es que no tenemos simpatías populares.  Quien dice esto, no conoce las encuestas electorales, y puede encontrar fácilmente, consultando las encuestas electorales como la de IPSOS del diario El Panamá América, que el profesor Juan Jované cuenta con aval de un 16 % del electorado, que quisiera que fuera un candidato presidencial en el 2014.
Entonces, la pregunta es si ustedes van a cerrar la puerta a la participación poniendo una traba artificial más, o van a permitir que se pueda participar democráticamente en las elecciones.  Ese es el punto que queríamos recalcar para abrir la discusión, Magistrado.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Informe sobre Reformas Electorales

El presente informe aborda la situación de lo acordado hasta ahora en la Comisión de Reformas Electorales (CNRE) convocada por los magistrados del Tribunal Electoral y compuesta por los 6 partidos constituidos, los 4 votos del Foro Ciudadano, y un grupo de organizaciones con derecho a voz, como es el caso de nuestro partido en formación, Alternativa Popular, FRENADESO, mujeres de partidos políticos, etc.

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Para evitarnos confusiones y falsas expectativas, queremos iniciar diciendo taxativamente que, a nuestro juicio, NO HAY AVANCES SIGNIFICATIVOS HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL.

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En ninguno de los aspectos medulares se ha logrado una mejora que permita asegurar o facilitar la participación de nuevos actores políticos, en particular de quienes provenimos de los movimientos sociales, en las próximas elecciones de 2014. Antes por el contrario, siguen LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ACTUALES PARTIDOS CONSTITUIDOS Y EL PODER DEL DINERO SOBRE LA POLÍTICA PANAMEÑA.

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Todo lo que el Tribunal Electoral, los partidos actuales y sectores empresariales del Foro Ciudadano consideran “avances” en realidad son cambios cosméticos o menores, que no van en la profundidad que la ciudadanía aspira y mucho menos de quienes, desde los sectores populares, queremos presentar verdaderas alternativas de cambio en 2014.

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Empecemos por lo medular, el principal obstáculo para inscribir partidos políticos nuevos es la exagerada y antidemocrática cuota del 4% de adherentes (63,500) para reconocer un partido político nuevo. Porcentaje que ya hemos demostrado es el más alto del continente.

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Como hemos informado anteriormente, el Partido Alternativa Popular, en asocio con CONATO y FRENADESO, sustentamos en la CNRE que ese porcentaje de adherentes debía ser, cuando mucho, equivalente al 1% del padrón electoral. El Foro Ciudadano y el Partido Popular aprobaron por mayoría que la reducción sea al 2%, es decir, una cifra cercana a los 33,000 adherentes, la cual se puede considerara un avance relativo, aunque aún se mantiene alto. Sin embargo, en dicha votación no participó el PRD y votaron en contra los cuatro partidos oficialistas, quienes tienen el control de la Asamblea de Diputados, en la cual pueden imponer su criterio de que todo quede igual.

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Respecto a los altos costos de la inscripción, como transporte, alimentación y viáticos, el Partido Alternativa Popular propuso un subsidio otorgado y controlado por el TE, lo cual fue rechazado por los partidos actuales, los cuales sí cobran su respectivo subsidio, antes y después de las elecciones.

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Del conjunto de propuestas hechas por el PAP al Título III del Código Electoral, la única notable que fue aceptada es la que permite a los partidos en formación sacar libro de inscripción estacionarios once meses al año, privilegio exclusivo de los partidos constituidos al día de hoy.

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Pero se mantiene la actual depredación de adherentes entre partidos, permitiendo que las personas se inscriban en más de un partido el mismo año y, por supuesto, apelando al actual sistema clientelista, no escrito pero practicado comúnmente de ofrecer puestos públicos y otros favores a cambio de la firma.

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Otro aspecto significativo son los gastos electorales provenientes de donaciones privadas a las campañas de candidatos y partidos, en la que se presenta como supuesto logro que se haya establecido, por consenso, un tope del 30%, respecto del financiamiento público que paga el Tribunal Electoral. En la actualidad no existen topes a los gastos, ni a las donaciones privadas.

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La estimación del Tribunal Electoral es que en 2014 el monto del financiamiento público será de 54 millones de balboas. Por ende, cada candidato presidencial podrá gastar de fuentes privadas hasta 15 millones de balboas, es decir, 15% por tantos candidatos como se presenten a las elecciones, más lo que les toque del financiamiento público.

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Si fueran tres candidatos presidenciales, como en 2009, tenemos que 15 por 3 son 45 millones, más 54 millones del financiamiento público, da un total de 99 millones de balboas, sin contar los gastos de los candidatos a los otros puestos de elección popular, para los cuales se fijaron topes menores, pero igualmente cuantiosos.

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En este asunto la única voz discordante fue la del Partido Alternativa Popular que, reconociendo que es un avance el establecimiento de un tope, éste sigue siendo tan alto como en las elecciones de 2009, lo cual implica el predominio del dinero sobre las campañas electorales, dando pie a las disparidades con candidatos que puedan provenir de sectores populares, quienes no tendrán esas cifras multimillonarias, además de ser fuente de corrupción, que sustituye la verdadera democracia por la plutocracia.

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El PAP se pronunció a favor de un sistema que esté sólo regido por el financiamiento público y, por ende, claro y fiscalizable ante la ciudadanía.

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Relacionado con esto están los montos de donaciones que puede hacer una persona natural o jurídica a la campaña de un partido o candidato. En este caso el PAP ha propuesto que el monto de estas donaciones no debería exceder de 10,000 balboas, por cuanto es la cifra a partir de la cual las entidades financieras exigen un control de la proveniencia de los fondos y por ser el límite reconocido por el propio Código Electoral para ser deducible de impuestos. Además de ser fuente de corrupción y de compromisos espúreos de los candidatos con intereses particulares.

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En este tema el Tribunal Electoral propuso un tope de donaciones a las candidaturas presidenciales de 15,000 balboas por persona (una cifra menor para diputados, alcaldes y representantes), en base al promedio de donaciones recibidas en 2009, según informaron los partidos. Sin embargo, en el debate se reconoció que el promedio es engañoso, ya que algunas personas naturales y jurídicas concentraban el grueso de los 25.5 millones donados a candidaturas presidenciales en 2009, de los 2.4 millones donados a candidatos a diputados y los 287,000 balboas donados a alcaldes. Y no está claro que se haya reportado todo lo recibido.

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Al respecto el Foro Ciudadano se mostró acorde con un criterio cercano al propuesto por el TE, pero los partidos Panameñista y CD se mostraron en contra de cualquier tope, y el resto de los partidos pidieron tiempo para discutir aduciendo no tener criterio. Por lo cual no se aprobó.

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Otro aspecto clave para garantizar o no la equidad en las campañas electorales es el relativo a los medios de comunicación. A este respecto el Partido Alternativa Popular ha sostenido que los costos de la publicidad electoral están asociados al alto costo de las campañas electorales y son una fuente de disparidad, ya que el no tiene para pagarla no puede mostrar su candidatura y sus propuestas y el que tiene dinero vende su oferta electoral como cualquier producto comercial. Por ello, hemos propuesto que se use un sistema como el ejecutado recientemente en México, en el que el TE contrate con los medios directamente los espacios de publicidad político electoral y luego los reparta equitativamente entre todos los candidatos y partidos.

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Al respecto los medios televisivos han presentado una propuesta de seis puntos, buena para los magistrados, en el que se comprometen a no aumentar las tarifas respecto al año anterior, hacer rebajas del 30% en las mismas, no permitir el traspaso de espacios publicitarios entre empresas y candidatos, etc. Pero se expresaron a favor de un sistema de “libre contratación” y no de un acuerdo exclusivo con el TE por el conjunto del espacio publicitario. Para peor, los medios escritos y radiales han expresado su completa oposición a cualquier control en nombre de la “libre empresa”. Los partidos y el FORO vieron con buenos ojos la propuesta de las televisoras, pero el tema no se ha votado.

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Resumiendo, ni habrá una rebaja sustancial en la cantidad de adherentes, ni tampoco en la forma que se recogen, ni habrá controles que garanticen una equidad respecto a la plutocracia imperante. Los únicos cambios aprobados son menores y no cambian la sustancia del actual Código Electoral antidemocrático.

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Quedan aún por discutirse aspectos importantes como la libre postulación presidencial pero se espera que el monto de adherentes que se exigirá será el mismo que para inscribir un partido político. También están pendientes: circuitos pluri y uni nominales, forma de conteo del voto para asignación de curarles, diputados nacionales o circuitales, etc.

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Finalmente exhortamos al conjunto del movimiento popular y obrero panameño, en particular a quienes han expresado su interés de que en 2014 existan alternativas concretas a las propuestas oligárquicas a tomar el tema de la reforma electoral como uno de los temas importantes del debate político nacional. Apreciamos en las sesiones de la CNRE y del Foro Ciudadano una disminución del entusiasmo inicial que expresaron sectores sindicales vinculados a CONATO y FRENADESO. Es necesario que se escuchen otras voces sociales, y no sólo la del P.A.P., en este asunto crucial para el futuro de la democracia panameña.

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Prof. Olmedo Beluche

Secretario General del PAP

Representante principal en la CNRE

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Panamá, 6 de septiembre de 2010.